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El gobierno de Brasil pidió al Supremo que avale el aumento del Bolsa Família
La Abogacía General de la Unión sostuvo ante el STF que la suba de 15,04% no crea un beneficio nuevo y solo repone la inflación. La discusión se da en medio de cuestionamientos por su cercanía con la elección.
La Abogacía General de la Unión de Brasil pidió este viernes al Supremo Tribunal Federal que declare constitucional el decreto que reajustó en 15,04% los valores del Bolsa Família, según informó O Globo.
La medida elevó el piso del programa de 600 a 691 reales. El ajuste comenzará a regir en octubre, con pagos desde el día 19, entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones.
De acuerdo con O Globo, la presentación oficial se produjo en un contexto de críticas al gobierno por haber dispuesto el aumento pocos días antes de la primera vuelta. También se menciona un pedido del candidato presidencial Renan Santos, de Missão, ante el Tribunal Superior Electoral para suspender la suba con el argumento de que tendría una finalidad electoral.
Según el Ministerio de Planificación, el aumento del Bolsa Família costará 5.800 millones de reales en 2026 y tendrá un impacto de casi 23.000 millones de reales en las cuentas públicas en 2027.
El planteo del gobierno ante el Supremo fue realizado dentro de una causa en la que el tribunal determinó que, desde 2022, debía implementarse el pago del programa de renta básica de ciudadanía para brasileños en situación de pobreza y pobreza extrema.
En junio de 2024, el relator Gilmar Mendes había reconocido que el Bolsa Família constituye una etapa de la implementación progresiva de esa renta básica y que sus valores están sujetos a actualizaciones periódicas. Un día antes de la firma del decreto, la Defensoría acudió al Supremo para pedir que el Poder Ejecutivo se pronunciara sobre la falta de actualización de los montos.
En su presentación, la AGU sostuvo que el decreto no crea un beneficio, no incorpora nuevas categorías de destinatarios, no modifica los criterios legales de acceso ni inaugura un nuevo programa social. Según ese argumento, la medida busca preservar el valor real de una política pública permanente mediante la aplicación de la variación acumulada del INPC, sin alterar la estructura normativa del Bolsa Família.
El gobierno también pidió que el STF reconozca que el decreto fue dictado en línea con el marco constitucional y legal, y encuadró el reajuste dentro del proceso gradual de implementación de medidas destinadas a reducir la pobreza, la marginalización y las desigualdades sociales y regionales.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
