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Un informe judicial señala contrataciones irregulares en la Faffe y su posterior pase al SAE
Según publicó ABC España, la UCO remitió al juez José Ignacio Vilaplana un informe sobre diez expedientes de selección en la antigua fundación andaluza. Los investigadores describen procesos opacos, falta de pruebas objetivas y posibles contrataciones discrecionales.
Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil enviado al juez José Ignacio Vilaplana puso bajo análisis diez expedientes de contratación en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la Faffe, según publicó ABC España. La investigación se enmarca en la causa que tramita el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre presunto enchufismo y fraude con fondos públicos durante el funcionamiento de la entidad entre 2003 y 2011.
De acuerdo con ese medio, la UCO concluyó que los beneficiarios accedieron a la fundación sin competir en igualdad de condiciones y que, tras la desaparición de la Faffe en 2011, pasaron al Servicio Andaluz de Empleo, donde varios de ellos continúan como personal laboral fijo.
Uno de los casos mencionados es el de Isabel R. M. El informe, siempre según ABC España, sostiene que fue considerada la mejor candidata por su supuesta experiencia laboral pese a que su vida laboral no registraba cotizaciones previas. Para ese puesto hubo 23 aspirantes iniciales, pero solo ella fue convocada a la entrevista personal. La UCO remarcó además que se exigía una diplomatura en Arquitectura Técnica para tareas que, en la práctica, eran administrativas, como inventarios, gestión de material, archivos y reservas de salas.
La contratación de Isabel R. M. se formalizó el 16 de julio de 2009 mediante un contrato temporal por obra y servicio. Obtuvo 28 de 30 puntos en la valoración final y permaneció en la Faffe hasta mayo de 2011. Después fue incorporada al SAE y en 2024 adquirió la condición de personal laboral fijo, de acuerdo con la documentación citada por ABC España.
El informe también revisó el caso de María Araceli G. E., incorporada el 27 de septiembre de 2010. La Guardia Civil describió ese ingreso como un proceso totalmente opaco y señaló que no encontró documentación que acreditara publicidad de la convocatoria, proceso selectivo ni pruebas objetivas o entrevista para valorar su perfil. Antes de ingresar en la fundación había trabajado en Proyempleo, una firma que, según ABC España, figura investigada en distintas causas judiciales.
Otro de los expedientes es el de Ramón H. R., que encadenó ocho contratos temporales en distintas categorías técnicas. La UCO advirtió que no consta documentación suficiente para determinar si reunía la formación o las competencias requeridas, más allá de parte de sus contratos laborales. Según publicó ABC España, entre 2004 y 2025 percibió 616.029 euros brutos del sector público.
La nota agrega que a comienzos de 2025 el juez Vilaplana imputó a 21 personas por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Ahora deberá resolver si ordena nuevas medidas para profundizar la investigación sobre las contrataciones en la antigua fundación.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
