Miami
Más de 25.000 personas fueron deportadas por Estados Unidos a terceros países desde 2025
Una investigación coordinada por Forbidden Stories y publicada por France 24 reconstruyó el alcance de las expulsiones hacia países que no son los de origen de los migrantes. El relevamiento también recoge denuncias por violaciones de derechos humanos y cuestionamientos judiciales a la política.
Desde la asunción de Donald Trump en enero de 2025, Estados Unidos deportó a más de 25.000 personas a llamados terceros países, es decir, destinos que no son sus lugares de origen y con los que muchas veces no tienen vínculos, según una investigación de France 24 junto a un consorcio de 26 medios coordinado por Forbidden Stories.
El relevamiento indica que unas 20.000 personas no mexicanas fueron enviadas a México por vía terrestre, pese a que no existe un acuerdo oficial entre ambos países para ese esquema. Además, al menos 5.447 personas de 89 nacionalidades fueron trasladadas en vuelos a distintos puntos del mundo hasta el 31 de agosto de 2026.
De acuerdo con la investigación, 28 países en seis continentes habían recibido deportados desde Estados Unidos bajo esta modalidad para esa fecha. También se habían cerrado acuerdos con otros siete países para habilitar este tipo de traslados. France 24 señaló que, ya en septiembre, Guyana recibió su primer grupo: seis personas procedentes de Cuba y Afganistán.
El segundo destino con mayor cantidad de deportados fue Guatemala, con casi 3.000 personas, de las cuales el 90% eran ciudadanos mexicanos. Costa Rica, Honduras, Panamá y El Salvador también recibieron más de 250 personas cada uno. En África, 13 países firmaron acuerdos de este tipo con Washington y 12 ya habían recibido deportados al 31 de agosto de 2026, con un total de 450 personas. Ghana fue el país africano con más ingresos, con más de 100 casos, mientras que República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Camerún, Sierra Leona y Esuatini recibieron decenas.
La investigación sostiene que hubo escasa comunicación oficial sobre estas transferencias y que, con el correr del tiempo, la política se volvió más opaca. Savi Arvey, de Human Rights First, dijo a ese consorcio que el gobierno fue reduciendo la información pública sobre estos operativos. El trabajo se apoyó en datos de seguimiento de vuelos, pedidos de acceso a la información, ONGs, abogados y fuentes en distintos países.
France 24 incluyó testimonios de personas afectadas por estas deportaciones. Una de ellas fue Rabbiatu Kuyateh, nacida en Sierra Leona, residente en Estados Unidos desde hace más de 30 años y detenida en julio de 2025 durante una cita rutinaria con ICE en Baltimore. Tras pasar cuatro meses bajo custodia, supo que sería enviada a Ghana. También recogió el caso de Malick, un senegalés que había llegado a Estados Unidos en 2023, y el de Soraya, una mujer ghanesa que dijo haber huido por su orientación sexual y que terminó en Camerún.
Según el informe, varias de las personas expulsadas contaban con una protección conocida como withholding of removal, que impide su devolución al país de origen cuando existe riesgo para su vida o su libertad. Organizaciones de derechos humanos y abogados advirtieron que esta nueva práctica busca evitar el retorno directo al país natal, pero igualmente expone a los afectados a nuevos peligros.
El Departamento de Seguridad Interior había sostenido en junio de 2025 que la política alcanzaba a extranjeros con antecedentes graves. Sin embargo, según los testimonios reunidos por el consorcio y reportes de distintas organizaciones, muchos de los deportados no tenían antecedentes penales y otros ya habían cumplido sus condenas hacía años.
La investigación también menciona denuncias por malos tratos, detenciones arbitrarias y riesgo de chain refoulement, una situación en la que una persona es enviada a un tercer país y luego devuelta a su país de origen, donde puede sufrir persecución. El caso de Isatou, una mujer de Guinea que fue trasladada a Ghana y luego retornada a su país, fue presentado por el consorcio como ejemplo de ese peligro.
El 18 de septiembre de 2026, una corte federal de apelaciones de Estados Unidos resolvió que es ilegal deportar personas a terceros países sin darles una oportunidad real de plantear temores de tortura o persecución. También rechazó la posición del gobierno de que las garantías generales de derechos humanos ofrecidas por esos países fueran suficientes. Aun así, el abogado general del DHS, James Percival, sostuvo poco después que el fallo no impediría que la política continuara. Trina Realmuto, de National Immigration Litigation Alliance, afirmó en cambio ante el consorcio que la decisión ya estaba vigente, aunque anticipó que el gobierno podría recurrir a la Corte Suprema.
Según abogados y organizaciones citadas por France 24, el recurso a terceros países también funciona como una herramienta de disuasión para desalentar la migración y fomentar la autodeportación. En esa línea, la vocera del DHS Tricia McLaughlin había advertido en agosto de 2025 que quienes ingresaran ilegalmente a Estados Unidos podían terminar en CECOT, Guantánamo, Alligator Alcatraz, Sudán del Sur u otro tercer país.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
