Miami
La administración Trump volvió a pedirle a la Corte Suprema que habilite deportaciones a terceros países
El gobierno de Estados Unidos presentó por tercera vez un pedido ante el máximo tribunal para reactivar ese mecanismo mientras sigue la disputa judicial. La jueza Ketanji Brown Jackson fijó para el 28 de septiembre el plazo de respuesta de los inmigrantes.
La administración de Donald Trump volvió a recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar destrabar las deportaciones de no ciudadanos a países que no figuran en sus órdenes de expulsión, un procedimiento conocido como deportaciones a terceros países, según informó SCOTUSblog.
El pedido fue presentado el jueves por el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, quien además solicitó una suspensión administrativa inmediata para que el gobierno pueda seguir adelante con las expulsiones mientras los jueces analizan el caso.
De acuerdo con SCOTUSblog, es la tercera vez que la Casa Blanca acude al máximo tribunal en esta disputa. Sauer sostuvo que la orden más reciente del juez federal Brian Murphy se apoya, a su criterio, en los mismos fundamentos jurídicos erróneos que decisiones anteriores.
La jueza Ketanji Brown Jackson, que interviene inicialmente en las apelaciones de emergencia provenientes del 1er Circuito, ordenó a los inmigrantes involucrados responder antes de las 4 de la tarde del lunes 28 de septiembre.
El conflicto se originó después de una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, en la que instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a adoptar todas las medidas apropiadas para expulsar a no ciudadanos que permanecieran en el país pese a tener órdenes de deportación.
Tras esa directiva, el Departamento de Seguridad Nacional emitió en febrero lineamientos internos para evaluar si inmigrantes indocumentados con órdenes de expulsión, que no habían sido enviados a sus países de origen por riesgo de tortura, podían ser trasladados a otro destino. Una guía adicional, difundida al mes siguiente, indicó que antes de ejecutar una deportación a un país no identificado en la orden y que no hubiera garantizado a Estados Unidos que la persona no sufriría tortura, el gobierno debía notificar el destino previsto, permitir que el inmigrante expresara su temor y, si fuera necesario, realizar una evaluación sobre ese riesgo.
En marzo, cuatro inmigrantes con órdenes de expulsión acudieron a la justicia federal en Massachusetts al plantear que temían ser enviados a un país no contemplado en sus casos. Murphy resolvió entonces impedir que el gobierno avanzara con esas deportaciones sin dar aviso por escrito a los afectados y a sus abogados, y sin otorgar una oportunidad real de impugnar la medida. También indicó que el Departamento de Seguridad Nacional debía evaluar si el temor a la tortura era razonable y, si ese umbral no se acreditaba, conceder al menos 15 días para pedir la reapertura del trámite migratorio.
Según SCOTUSblog, la Corte Suprema ya había intervenido antes. El 23 de junio suspendió la orden de Murphy mientras avanzaba la apelación del gobierno. Un día después, la administración pidió una aclaración para poder continuar con la deportación de ocho hombres retenidos en una base militar estadounidense en Yibuti, luego de que Murphy considerara que un intento de enviarlos a Sudán del Sur violaba su decisión. El 3 de julio, el tribunal sostuvo en una breve opinión que la suspensión del 23 de junio alcanzaba por completo la orden del juez y también su resolución posterior sobre los traslados a Sudán del Sur.
Cuando el expediente volvió a instancias inferiores, Murphy dictó una sentencia definitiva a favor de los inmigrantes y anuló la política de deportaciones a terceros países. Entre otros puntos, concluyó que antes de una remoción de ese tipo debía garantizarse una notificación significativa y una oportunidad real para objetarla si existía un temor razonable de persecución o tortura.
SCOTUSblog señaló que el viernes pasado la Corte de Apelaciones del 1er Circuito respaldó en gran parte esa decisión y que el miércoles dejó sin efecto la orden del 16 de marzo de 2026 que mantenía en suspenso el fallo de Murphy durante la apelación.
En su nueva presentación ante la Corte Suprema, Sauer afirmó que la restitución de la orden de Murphy generó problemas logísticos importantes en operaciones de expulsión en curso, incluida la cancelación de vuelos, además de mayores costos, posibles inconvenientes diplomáticos y dificultades para remover a personas que el gobierno considera peligrosas.
El funcionario también argumentó que tanto Murphy como la corte de apelaciones volvieron a apoyarse en fundamentos sin mérito y pasaron por alto, según su postura, límites jurisdiccionales que impedirían a los tribunales revisar reclamos por persecución o tortura fuera de una revisión de la orden de deportación. Además, cuestionó que se desestimara la confianza del gobierno en garantías ofrecidas por determinados países.
Sauer advirtió finalmente que, si se demora el proceso de deportación a terceros países, el gobierno a menudo deberá reiniciar por completo los procedimientos de expulsión y rearmar sus acuerdos con países extranjeros.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
