Miami
Florida llega al debate por los centros de datos con una ley ya vigente y resistencias locales
Una gira impulsada por Amy Kremer hará escala en Jacksonville mientras el estado ya aplica reglas para que estos proyectos asuman sus costos y queden bajo mayor control local. En paralelo, varios condados avanzaron con prohibiciones o pausas.
La gira nacional de Humans First, la organización encabezada por Amy Kremer, llegará este lunes a Jacksonville con un mensaje contra la expansión de los centros de datos en comunidades donde hay preocupación por el impacto en tarifas eléctricas, agua, tierras rurales y calidad de vida, según informó Florida Politics.
De acuerdo con ese medio, Florida viene discutiendo ese tema desde hace un año y ya cuenta con una norma en vigor. El gobernador Ron DeSantis convirtió la cuestión en una bandera durante la sesión legislativa de 2026 y promulgó en mayo la ley SB 484. La norma obliga a los centros de datos a afrontar sus propios costos de servicios públicos e infraestructura, en lugar de trasladarlos a los usuarios, y da a los gobiernos locales herramientas para planificar y zonificar este tipo de instalaciones. También habilita el uso de agua reutilizada para enfriamiento y exige un plan a quienes extraigan más de 100.000 galones diarios.
Florida Politics también señaló que el paquete tarifario más reciente de Florida Power & Light va en la misma dirección, al exigir que los desarrolladores financien la infraestructura necesaria y presenten garantías antes de conectarse a la red.
Con ese nuevo marco, varios gobiernos locales avanzaron con restricciones. Según ese medio, los condados de Jackson, Wakulla y Walton prohibieron directamente los centros de datos, mientras que al menos otras nueve jurisdicciones establecieron moratorias. Una encuesta de la University of North Florida encontró además que el 68% de los votantes del estado no quiere una instalación de este tipo cerca de su comunidad.
Desde el sector favorable al desarrollo, grupos como American Edge Project sostienen que el debate no debería reducirse a una disyuntiva entre proteger a los vecinos o permitir inversiones. Su planteo, siempre según Florida Politics, es exigir estándares locales más estrictos y que los desarrolladores paguen sus propios costos, sin resignar empleo, contratos y recaudación.
El medio citó además un análisis de PwC para el Data Center Coalition que calculó para 2023 un impacto de unos 335.800 puestos de trabajo en Florida al incluir efectos indirectos, además de 42.300 millones de dólares en el producto estatal y cerca de 3.100 millones en impuestos estatales y locales.
Entre los proyectos en discusión, Florida Politics mencionó en St. Lucie County el Sentinel Grove Technology Park, un campus de 1.000 megavatios sobre unas 1.200 acres de tierras agrícolas, con una inversión privada prevista de 13.500 millones de dólares. En Miami-Dade, Project Apollo contempla una instalación de 75.000 pies cuadrados y 15 megavatios, con 150 millones de dólares de inversión. En Fort Meade, la comisión de la ciudad aprobó por unanimidad en abril un campus de escala hiperespecializada por 2.600 millones de dólares sobre 1.300 acres de una antigua mina de fosfato; allí, más de 40 vecinos se anotaron para hablar en contra y el desarrollador redujo el uso de agua previsto de 150.000 a 50.000 galones diarios mediante un sistema de enfriamiento de circuito cerrado.
El tema también entró en la carrera por la gobernación. Según Florida Politics, Byron Donalds, identificado por el medio como candidato republicano, presentó en julio a nivel federal la Protecting Ratepayers Act, con el objetivo de empujar a los centros de datos a cubrir su propia demanda de energía y agua.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
