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En Brasil impulsan proyectos para reformar el Poder Judicial en medio de la tensión en el STF
En el Congreso brasileño avanzan iniciativas para modificar reglas del Supremo Tribunal Federal y del sistema de Justicia. Según G1, también se analiza unificar propuestas ya presentadas mientras sigue la crisis interna en la Corte.
En medio de la crisis abierta en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, en el Congreso se mueven proyectos para una reforma del Poder Judicial. Según informó G1, hay al menos 30 iniciativas en trámite en ambas cámaras y buena parte de ellas apunta a cambios en el funcionamiento del STF.
Entre los ejes que concentran más propuestas aparecen la fijación de mandatos para los ministros, modificaciones en el sistema de nombramientos y nuevos requisitos para acceder a una silla en la Corte.
De acuerdo con G1, el diputado Reginaldo Lopes presentó una propuesta de enmienda constitucional que establece un mandato único de hasta diez años para ministros y consejeros de tribunales superiores y de cortes de cuentas. El esquema fija además una edad mínima de 50 años y máxima de 70 para futuras designaciones, y prevé que el mandato termine en el décimo aniversario de la asunción o cuando el magistrado cumpla 75 años.
El mismo medio señaló que, en los próximos cuatro años, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Gilmar Mendes llegarán a la edad de retiro obligatorio. A eso se suma la vacante abierta por la jubilación de Luís Roberto Barroso, por lo que el próximo presidente podría nombrar hasta cuatro ministros del Supremo.
G1 también informó que el diputado Danilo Forte presentó otra propuesta, con un mandato de ocho años para nuevos integrantes del STF, un sistema de indicación rotativo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, nuevas reglas de conducta y mecanismos de responsabilización para magistrados, además de límites a las decisiones individuales. Esa iniciativa preserva los cargos actuales y prevé una implementación gradual a medida que se produzcan vacantes.
Ambos proyectos todavía están en etapa de recolección de firmas. Para que una propuesta de enmienda constitucional sea presentada formalmente, se necesitan al menos 171 firmas de los 513 diputados.
En paralelo, la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó una indicación de la senadora Damares Alves para que la Comisión de Constitución y Justicia cree un grupo de trabajo destinado a reunir las propuestas de reforma judicial ya en discusión. La sugerencia plantea consolidar enmiendas constitucionales y proyectos de ley en un texto unificado en un plazo de hasta 60 días, aunque la decisión final quedará en manos de la CCJ.
Según G1, la última gran reforma del Poder Judicial brasileño fue en 2004, después de casi 13 años de trámite parlamentario. Esa modificación dio origen al Consejo Nacional de Justicia y al Consejo Nacional del Ministerio Público, además de alterar distintos puntos de la Constitución vinculados al sistema judicial.
El debate no se limita al Congreso. De acuerdo con el mismo medio, un grupo creado por el propio STF para discutir una reforma recibió 87 propuestas de organismos y entidades de la sociedad civil. Entre los puntos debatidos figuran mandatos para los ministros, límites a las decisiones monocráticas y nuevos mecanismos de control y responsabilización. También está en discusión un código de ética, señalado como una prioridad del presidente del tribunal, Edson Fachin.
El trasfondo de estas iniciativas es la crisis interna del Supremo. Según G1, la tensión se agravó después de que André Mendonça levantara el secreto sobre informes de la Policía Federal vinculados a la investigación del Banco Master. Uno de esos documentos mencionó 52 mensajes entre Daniel Vorcaro y Alexandre de Moraes, además de reuniones presenciales y un contrato de 130 millones de reales entre el banco y el estudio de Viviane Barci de Moraes.
La difusión de ese material derivó en un cruce entre Moraes y Mendonça. Moraes acusó a su colega de liberar los expedientes de manera selectiva y de omitir documentos; Mendonça rechazó esa acusación y sostuvo que mantuvo bajo reserva datos necesarios para resguardar investigaciones en curso y a terceros.
La disputa también alcanzó el acceso a las pruebas extraídas del celular de Vorcaro. Moraes, Cristiano Zanin y Gilmar Mendes pidieron acceso integral al material. Tras una orden de Zanin, la Policía Federal confirmó el lunes 14 que entregó copias del acervo digital a los tres despachos, mientras que la Procuraduría General también respaldó la ampliación del acceso.
Frente al conflicto, Edson Fachin resolvió separar los procesos. El caso sobre los mensajes entre Vorcaro y Moraes comenzó a ser tratado por el plenario el martes 15, pero la sesión quedó interrumpida por un pedido de vista de Flávio Dino, que tiene hasta 90 días para devolver el expediente. Las acusaciones de Moraes contra Mendonça, en tanto, fueron fijadas para el 23 de septiembre.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
