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El Gobierno español mantiene una política selectiva para desclasificar documentos oficiales
La publicación de papeles sobre Ceuta y el 23-F volvió a poner en discusión el amplio margen del Ejecutivo mientras sigue vigente la ley franquista de secretos oficiales. En cambio, continúan bajo reserva documentos vinculados al espionaje a independentistas catalanes.
La reciente difusión de documentos oficiales sobre la crisis de Ceuta reactivó en España el debate sobre la facultad del Gobierno para levantar el secreto de forma puntual, en un contexto en el que todavía no fue reemplazada la norma franquista que regula esa materia.
Según reconstruyó eldiario.es, en esta legislatura el Ejecutivo impulsó por iniciativa propia dos desclasificaciones de peso: la vinculada a Ceuta y la de los papeles del 23-F. Además, también terminó publicando documentación sobre Abdelbaki Es Satty, el imán de Ripoll señalado como cerebro de los atentados de Barcelona de 2017, en un movimiento que el medio atribuye a la presión de Junts.
En sentido contrario, el Gobierno no abrió buena parte de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia sobre el espionaje a independentistas y solo retiró parcialmente la reserva de resoluciones del Tribunal Supremo que autorizaron esas actuaciones, aunque con tachaduras que impiden una consulta completa.
El historiador Javier Buces, citado por eldiario.es, sostuvo que mientras siga vigente la legislación actual las desclasificaciones serán decisiones aisladas, guiadas por interés político o demanda social. También advirtió que ese marco dificulta el acceso a la verdad sobre episodios de la historia reciente y sobre hechos de violencia estatal durante la transición.
De acuerdo con el medio español, en el Congreso siguen trabadas dos iniciativas para cambiar el régimen de secretos oficiales: un proyecto del Gobierno y otra propuesta del PNV. La normativa vigente, añade la publicación, deja bajo secreto la documentación sin plazo de vencimiento, salvo que el Ejecutivo disponga lo contrario o medie un pedido judicial.
Para justificar la apertura de los papeles de Ceuta, el Gobierno invocó razones de transparencia y sostuvo que buscaba que la ciudadanía pudiera revisar de manera directa la información que manejaron las instituciones durante la crisis. En el caso del 23-F, el Ejecutivo argumentó que atendía un reclamo sostenido de historiadores, periodistas y grupos parlamentarios, y que el paso del tiempo eliminaba un riesgo real para la seguridad y la defensa del Estado.
Sin embargo, cuando jueces pidieron información sobre el uso de Pegasus en el espionaje a independentistas catalanes, la respuesta oficial fue negativa. Según eldiario.es, los magistrados reclamaron saber si el CNI tenía licencia del programa, quién lo compró a NSO Group, cuánto costó y qué personas participaron en la operación, además de la documentación sobre contratación, instalación, pago, formación y soporte.
El Gobierno rechazó entregar esos datos al sostener que hacerlo implicaría una amenaza grave para fuentes y colaboradores del CNI. En una respuesta enviada en junio de este año, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, negó al juez información concreta sobre el espionaje a exdiputados de la CUP y argumentó que su difusión podría perjudicar gravemente la seguridad nacional y comprometer la defensa nacional.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
