El Frente Amplio reabre el debate por el financiamiento partidario tras el caso Pablo Leiva

El caso de Pablo Leiva volvió a poner en discusión en Uruguay cómo se financian los partidos políticos. Según informó la diaria, el Frente Amplio planteó convocar de forma urgente a los partidos con representación parlamentaria para analizar cambios que, a su entender, ayuden a resguardar la calidad democrática.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo que debería avanzarse hacia un sistema en el que la mayor parte de los recursos partidarios provenga de fondos públicos y no de aportes privados. También reclamó que un eventual proyecto se trate antes de la próxima campaña electoral.

Leiva integraba el equipo de asesores del edil nacionalista Gonzalo Gómez antes de ser condenado por lavado de activos en una causa de narcotráfico. De acuerdo con la diaria, había sido contratado por recomendación de su hijo, Lucio Leiva, que también era asesor de Gómez. Ambos fueron desvinculados.

En su pronunciamiento sobre el caso, el Partido Nacional advirtió que el sistema político, las instituciones y la democracia están amenazados por el crimen organizado y el narcotráfico, y señaló que la respuesta debe involucrar a todos los partidos por encima de sus diferencias.

Desde otros sectores de la oposición cuestionaron que se relacione este episodio con la normativa sobre financiamiento partidario. El senador colorado Andrés Ojeda dijo que afirmar que el narcotráfico está metido en la política a partir de este caso es forzar la interpretación. En la misma línea, Gómez sostuvo que hasta ahora no hay elementos para confirmar una intromisión del narcotráfico en la política.

La legislación sobre financiamiento de los partidos está regida por la Ley 18.485 y fue modificada por última vez en 2024 por la Ley 20.292. La diaria recordó que esa reforma tomó como base una iniciativa presentada por el Frente Amplio en 2017, que había obtenido media sanción en el Senado pero no prosperó en Diputados.

Según la diaria, el exsenador Charles Carrera dijo que el oficialismo pretende volver a convocar a la comisión especial que en el período pasado estudió el financiamiento de la democracia. Entre los puntos en discusión mencionó la eventual prohibición de las donaciones anónimas, la trazabilidad de los fondos que circulan en el sistema político y un refuerzo de recursos para la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.

La normativa vigente permite donaciones anónimas de hasta 4.000 unidades indexadas. Además, fija topes para aportes identificados de personas físicas o jurídicas tanto en campañas como en el financiamiento permanente.

Del lado opositor, el senador nacionalista Javier García consideró que la ley aprobada recientemente todavía es muy nueva. El diputado colorado Conrado Rodríguez afirmó, según la diaria, que es un error atribuir este caso a una supuesta insuficiencia de la ley de financiamiento y sostuvo que la situación no tiene relación con esa norma, ya que involucra fondos públicos y no privados.

El diputado nacionalista Pablo Abdala también cuestionó los señalamientos del Frente Amplio hacia el Partido Nacional. Si bien admitió que los mecanismos actuales pueden perfeccionarse, señaló que el problema no pasa sólo por cambiar la ley, sino por asegurar el cumplimiento de las normas ya vigentes y fortalecer a los organismos de control.

Sobre la idea de un financiamiento exclusivamente público, Abdala dijo que no adhiere en principio porque implicaría aumentar el costo de la política para toda la sociedad. Rodríguez también rechazó esa alternativa y advirtió que podría generar ventajas para los partidos con mejor desempeño electoral previo.

Fuentes

• La Diaria

Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.