Uruguay
Un politólogo vinculó el caso del asesor de un edil con problemas de control en los gobiernos departamentales
Martín Freigedo sostuvo que la situación conocida en la Junta Departamental de Montevideo refleja fallas de diseño institucional y escasos mecanismos de contralor. También advirtió sobre la opacidad en el financiamiento de campañas a nivel subnacional.
El caso de Pablo Leiva, condenado semanas atrás por lavado de activos y tráfico interno de municiones en la operación Trazador, abrió cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Junta Departamental de Montevideo y el uso de cargos de asesoría. Según informó la diaria, el edil nacionalista Gonzalo Gómez dijo en conferencia de prensa que desconocía las actividades ilícitas de Leiva y señaló que, aunque en los hechos aparecía como su asesor, formalmente no lo era.
De acuerdo con ese medio, Gómez reconoció que lo contrató por recomendación de su hijo, Lucio, y que Leiva no asistía a la Junta Departamental, aunque percibía cerca de 52.000 pesos nominales.
En una entrevista con la diaria Radio, el politólogo Martín Freigedo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, afirmó que la contratación de asesores sin funciones claras o incluso sin asignación efectiva de tareas es una práctica recurrente entre algunos ediles de Montevideo y que no se trata de una situación nueva.
Para Freigedo, el problema excede este caso puntual y remite al diseño institucional de los gobiernos departamentales. Explicó que las intendencias y las juntas departamentales tienen amplia autonomía para definir recursos y personal, mientras existen pocos controles sobre su funcionamiento.
También señaló que la precariedad de la tarea de los ediles, cuyo cargo es en los hechos honorario, empuja a buscar alternativas para sostener su trabajo político. En ese marco, consideró que la situación expuesta por Gómez es una consecuencia de no haber adaptado el diseño institucional a la realidad actual de los gobiernos departamentales.
Freigedo remarcó además que Montevideo es una excepción en materia de asesores, ya que un edil capitalino puede contar con hasta nueve. A su entender, la discusión no debería centrarse sólo en la cantidad de asesores o en su costo, sino en cómo se usan esos recursos para la función política y por qué los ediles recurren a terceros.
Según recogió la diaria, el politólogo sostuvo que el episodio deja en evidencia problemas de contralor horizontal y vertical, y advirtió que, sin una discusión de fondo dentro del sistema democrático, este tipo de situaciones puede repetirse. También planteó dificultades para que ese debate avance, dado que el funcionamiento de las juntas departamentales favorece a los oficialismos surgidos de las elecciones departamentales.
Freigedo agregó una advertencia sobre otro punto del nivel subnacional: el financiamiento de campañas. Lo definió como una “caja negra” sobre la que hay muy poca información y dijo que el desconocimiento es incluso mayor que en el plano nacional.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
