Petit planteó que la reforma en salud mental exige abrir el sistema estatal a la comunidad

El presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Miguel Petit, afirmó que la transformación de la atención en salud mental en Uruguay necesita un cambio profundo del papel del Estado, que, a su entender, debe admitir que no puede resolver todo únicamente con sus propias estructuras.

En una entrevista con El País, Petit señaló que la discusión sobre salud mental se volvió central y que el país enfrenta la dificultad de pasar de instituciones de encierro a un esquema con base comunitaria, en línea con la ley vigente. Según explicó, ese proceso implica transferir recursos, desarrollar dispositivos diversos y dejar atrás la lógica de las instituciones totales, que asoció con masividad, distancia en los vínculos y pérdida de autonomía de las personas.

Petit sostuvo que hace falta una conducción clara para esa transición y una nueva institucionalidad que permita convocar organizaciones, formar equipos, derivar personas, fijar indicadores, evaluar resultados y controlar el funcionamiento de los distintos dispositivos. En ese marco, planteó que el Estado debe abrir la participación a otras instituciones ancladas en la comunidad.

También remarcó que el abordaje de la salud mental excede el debate sobre el suicidio y atraviesa a toda la sociedad. En ese sentido, dijo que nadie puede considerarse ajeno al problema y vinculó las respuestas posibles con la construcción de redes de protección, además de factores como la crianza, el apego y la ausencia de violencia en los primeros años de vida.

Consultado por episodios de violencia como el intento de femicidio en la Facultad de Medicina de la Udelar, Petit dijo a El País que no existen soluciones lineales, pero que una convivencia más rica y relaciones más fuertes entre las personas pueden ayudar a prevenir agresiones y a canalizar los conflictos por otras vías. A la vez, subrayó que los derechos humanos también suponen deberes hacia la comunidad y que no toda la responsabilidad puede recaer exclusivamente en el Estado, aunque siga siendo el principal obligado.

Sobre la posibilidad de crear un comisionado parlamentario para la infancia, consideró que podría explorarse una fórmula intermedia vinculada a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Según indicó, otra opción es reforzar el presupuesto y los equipos del área, y advirtió que la coexistencia de dos órganos con competencias similares podría derivar en pronunciamientos contradictorios.

Fuentes

• El País Uruguay

Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.