Uruguay
El conflicto en el puerto suma un paro nacional y llega al Senado
El rechazo sindical a la imposición de servicios mínimos abrió una nueva etapa en la disputa en Terminal Cuenca del Plata. La coalición republicana citó a autoridades del gobierno para analizar la situación.
El conflicto portuario en Uruguay sumó una nueva escalada tras la decisión del gobierno de imponer servicios mínimos en medio de la disputa entre el sindicato de Terminal Cuenca del Plata y la empresa por un nuevo convenio colectivo, según informó El País.
Hasta ahora, las medidas habían sido llevadas adelante por trabajadores de Terminal Cuenca del Plata, pero el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines resolvió ampliar la protesta con un paro nacional de 24 horas, previsto desde las 7 del lunes hasta las 7 del martes. De acuerdo con El País, la resolución fue adoptada por el ejecutivo nacional del gremio y se vinculó tanto al rechazo a la fijación de servicios mínimos como a advertencias sobre una posible demanda civil por pérdidas económicas.
El dirigente de Montecon, Martín García, dijo a El País que la medida oficial “ataca la libertad sindical” y advirtió que sus efectos pueden extenderse a todo el sector. En paralelo, el secretario general del Supra y referente del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo, cuestionó en radio Monte Carlo que la resolución es “excesiva” y sostuvo que, en el caso de barcos de menor porte, el servicio mínimo equivale en los hechos al 100% de la operativa.
La controversia también pasó al terreno político. La coalición republicana resolvió convocar con carácter urgente a autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la comisión de Transporte del Senado, indicó El País. El senador Javier García afirmó que la situación “no da para más” y cuestionó el impacto del conflicto sobre la competitividad, el empleo y la imagen del país.
Desde el Partido Colorado también hubo críticas. Según publicó El País, el Comité Ejecutivo Nacional sostuvo en un comunicado que el gobierno actuó “tarde y mal” y cuestionó la base jurídica de los servicios mínimos obligatorios. El senador Robert Silva definió el cuadro como de “suma gravedad”, dijo tener “muchísima preocupación” y adelantó que su partido trabaja en un proyecto de ley para regular con mayor precisión los servicios esenciales y los servicios mínimos.
El trasfondo de la disputa sigue siendo la negociación colectiva en TCP. Según El País, la empresa mantiene sin cambios su propuesta desde hace tres semanas y el sindicato interpretó su formalización ante el Ministerio de Trabajo, en una reunión sin participación gremial, como una retirada de la negociación. Mientras tanto, los trabajadores sostienen que la fijación de servicios mínimos no resuelve el problema de fondo, que sigue siendo la falta de acuerdo en el convenio.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
