Uruguay
Organizaciones sociales cuestionaron en Diputados el nuevo requisito de la Corte Electoral para impulsar plebiscitos
Representantes de varios colectivos rechazaron en comisión parlamentaria la exigencia de agregar la huella digital a las adhesiones. También presentaron recursos y una denuncia ante la INDDHH.
Representantes de distintas organizaciones sociales expusieron este miércoles ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados su rechazo a los cambios dispuestos por la Corte Electoral para la recolección de adhesiones con vistas a promover plebiscitos.
Según informó la diaria, en marzo la Corte Electoral aprobó un reglamento que exige, además de la firma, la impresión de la huella digital para que las adhesiones sean computadas. De acuerdo con la circular 12.430 del organismo, la medida busca constatar “con la mayor transparencia y certidumbre” la identidad de quienes adhieren.
Las organizaciones cuestionaron que esa modificación fue resuelta por vía administrativa y sostuvieron que afecta herramientas de democracia directa. Víctor Bachetta, de la Red Unión de la Costa, afirmó ante los diputados que ese instrumento de iniciativa popular quedó vulnerado con la resolución.
También participaron de la comparecencia María Irma Rodríguez, del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, María Selva Ortiz, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, Jorge Mirone, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y Enrique Cal, de Fucvam.
Durante la sesión, Bachetta citó un informe del doctor en Derecho José Luis Sciandro, según el cual cualquier limitación a los derechos civiles o políticos debe surgir de una ley formal y no de una decisión administrativa. En esa línea, las organizaciones sostuvieron que el nuevo requisito introduce trabas burocráticas al uso de mecanismos previstos por la Constitución.
la diaria señaló que varias iniciativas de consulta popular ya habían reunido miles de adhesiones sólo con firma cuando tomaron conocimiento de la resolución, casi tres meses después, por lo que debieron reiniciar el trámite.
Entre los cuestionamientos, Enrique Cal consideró que la medida dificulta y entorpece la participación popular directa. Rodríguez, por su parte, sostuvo que la resolución afecta un principio central de la democracia uruguaya y recordó la experiencia del plebiscito sobre seguridad social de 2024, impulsado también por su organización, Fucvam y la ATSS.
Mirone remarcó que las consultas populares demandan tiempo, recursos y militancia, y planteó que las instituciones deberían facilitar esos procesos. Ortiz, en tanto, advirtió que la resolución compromete la participación ciudadana en asuntos estratégicos y, según la diaria, señaló que su colectivo evalúa recurrir al comité de seguimiento del Acuerdo de Escazú.
Además de presentar recursos administrativos, las organizaciones hicieron una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Según informó la diaria, el caso está siendo analizado por el Consejo Directivo del organismo.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
