Uruguay
Un informe del MSP respaldó el proceso contra Inés Miralles pero cuestionó la extensión de la sanción
Según documentación enviada al Parlamento y citada por El País, el Ministerio de Salud Pública defendió la legalidad de las actuaciones en el caso de la anestesista, aunque advirtió que la inhabilitación por cinco años podía resultar desproporcionada. La mayoría de la Comisión Honoraria de Salud Pública renunció tras la rebaja dispuesta por Cristina Lustemberg.
El Ministerio de Salud Pública de Uruguay remitió al Parlamento un expediente de 772 páginas sobre el caso de Soledad Barrera, al que accedió El País. Entre los documentos figura el informe jurídico que la ministra Cristina Lustemberg tomó como referencia para reducir de cinco a tres años la inhabilitación aplicada a la anestesista Inés Miralles.
De acuerdo con ese informe, elaborado por Martín Esposto, director de la División de Servicios Jurídicos del MSP, no hubo irregularidades en la actuación administrativa ni en el desempeño de la Comisión Honoraria de Salud Pública. El texto sostiene que la administración actuó conforme a derecho, con motivación suficiente y respetando las garantías, y rechaza los cuestionamientos planteados por Miralles sobre supuestas fallas formales y sustanciales en el proceso.
Siempre según El País, el mismo informe remarca que no había objeciones al trabajo técnico de la comisión ni a las conclusiones sobre la conducta de la anestesista, hoy condenada por homicidio culposo. Sin embargo, Esposto entendió que no estaba suficientemente fundamentado el criterio para fijar una inhabilitación de cinco años y consideró que ese plazo podía ser desproporcionado e incluso encuadrar en una hipótesis de exceso de poder.
Con esa base, el dictamen recomendó bajar la sanción a tres años, decisión que luego adoptó Lustemberg. La ministra había dicho públicamente que se apoyó en un informe jurídico y en antecedentes de otros casos, y evitó avanzar en más explicaciones mientras siguen en trámite un recurso de nulidad presentado por Miralles ante la Justicia de lo Contencioso Administrativo y un recurso de revocación impulsado por la familia de Barrera ante el Poder Ejecutivo.
El País también publicó la carta de renuncia de la mayoría de los integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública. Allí, los médicos señalaron que se enteraron de la reducción de la sanción de manera casual y cuestionaron que se dejara de lado un pronunciamiento colegiado que, según afirmaron, había sido elaborado con criterios científicos, éticos y jurídicos.
Los firmantes advirtieron además que la rebaja de la pena podía sentar un precedente y afectar la tarea de quienes participaron en la resolución original. Según ese medio, 11 de los 13 integrantes de la comisión, es decir todos los que estaban designados y activos, presentaron luego renuncias personales ante la cartera al no ser aceptada formalmente la dimisión colectiva.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
