Paraguay
Presentan en el Senado un proyecto para priorizar a las víctimas de Ueno Bank en la restitución de bienes incautados
La iniciativa propone modificar la ley sobre bienes comisados para que los activos recuperados en causas por delitos financieros se destinen primero a resarcir a los afectados. También prevé un mecanismo de reserva de esos recursos hasta que haya una resolución judicial firme.
Un grupo de senadores opositores impulsó un proyecto de ley para cambiar y ampliar la Ley N° 5876/2017 de Administración de Bienes Incautados y Comisados, con el objetivo de crear un régimen especial de restitución de activos en favor de víctimas de delitos financieros, según informó ABC Color.
La propuesta apunta al caso de Ueno Bank y de las empresas vinculadas bajo un mismo control societario, económico o accionario. De acuerdo con el texto citado por ABC Color, el dinero y los bienes que sean recuperados y comisados por resolución judicial firme tendrían como destino prioritario el resarcimiento de los afectados, en lugar de seguir el esquema de distribución entre instituciones públicas previsto en la normativa vigente.
El proyecto fue firmado por los senadores José Oviedo, Ignacio Iramain, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes y Lucía Mendoza, entre otros. La iniciativa incorpora un régimen especial al artículo 46 de la ley de Senabico y crea el artículo 46 bis para establecer la reserva de los recursos incautados mientras no exista una resolución judicial definitiva.
Según ABC Color, el mecanismo fija un orden de prelación para repartir los recursos provenientes del comiso de bienes de administradores, accionistas y directivos de entidades financieras, así como de empresas vinculadas. Cada categoría deberá ser cubierta por completo antes de pasar a la siguiente, y en el caso de los depositantes el pago se haría a prorrata.
La propuesta dispone además que esos recursos sean inembargables frente a acreedores del Estado y que se depositen en una cuenta especial de la Tesorería General con afectación exclusiva a ese fin. El Banco Central del Paraguay, por medio de la Superintendencia de Bancos, quedaría a cargo de elaborar la nómina de beneficiarios y determinar los montos, sobre la base de la información del procedimiento de resolución o liquidación de la entidad. Esa lista luego tendría que ser homologada por el juez penal competente, y los afectados podrían presentar observaciones.
El texto también prevé mecanismos para evitar cobros duplicados por el mismo concepto. Lo percibido a través de este régimen deberá descontarse de lo que corresponda recibir en el proceso de resolución o liquidación, y a la inversa. Quedan excluidos como beneficiarios los accionistas, directores, administradores, síndicos y gerentes de la entidad o de sus empresas vinculadas, además de las personas relacionadas con ellos conforme a la normativa del BCP.
ABC Color señaló que el proyecto no limita el eventual recupero de activos al patrimonio de Ueno Bank, sino que también contempla bienes de empresas vinculadas. Rafael Filizzola sostuvo que la intención es alcanzar activos que podrían estar fuera del balance y del patrimonio del banco. “Todo lo que sea comisado, todo el valor de los bienes que se recuperen, sean para resarcir a las víctimas de esta estafa”, afirmó.
Sobre las firmas vinculadas, Filizzola indicó que primero se hablaba de unas 60 empresas y después de 120, aunque aclaró que todavía no hay precisión sobre la cantidad exacta, siempre según ABC Color.
La iniciativa incluye de manera expresa a los trabajadores del banco y de las empresas vinculadas, incluso si sus contratos fueron firmados con sociedades subsidiarias o tercerizadas. El objetivo es evitar que la fragmentación empresarial deje sin cobrar salarios o indemnizaciones pendientes. Para acceder a esos recursos, los créditos laborales deberán estar reconocidos por sentencia firme o verificados en el procedimiento de resolución o liquidación, siempre que no hayan sido satisfechos.
Filizzola sostuvo además que los empleados también deben ser considerados víctimas y que por eso tienen un lugar privilegiado en el orden de distribución. “Cuando hablamos de víctimas, hablamos también de los que son los empleados de estas empresas y de los bancos mismos”, dijo.
Otro eje del proyecto es la reserva de los activos incautados. En los procesos alcanzados por este régimen especial, el dinero, los productos financieros y los recursos obtenidos por la realización de bienes incautados deberán quedar en una cuenta judicial a disposición del juez de la causa hasta que haya una resolución firme. Durante ese período no podrán ser destinados a ningún otro fin. Si al final no se declara el comiso o la privación de beneficios, los bienes deberán ser restituidos a quien corresponda. Según ABC Color, la medida busca resguardar la presunción de inocencia y evitar una distribución anticipada de los activos.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
