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La JEP evalúa acudir a organismos internacionales por el recorte de fondos impulsado por el oficialismo
El tribunal cuestionó la propuesta de trasladar parte de su presupuesto a la Rama Judicial y advirtió sobre un posible impacto en su funcionamiento. Según El Tiempo, el Gobierno de Abelardo De La Espriella respaldó la iniciativa presentada por el senador Enrique Gómez.
La discusión por los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sumó un nuevo capítulo luego de que el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, presentara una propuesta para transferir $100.000 millones del presupuesto del tribunal al Consejo Superior de la Judicatura. Según informó El Tiempo, la iniciativa recibió el aval del presidente Abelardo De La Espriella.
De acuerdo con ese medio, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que la medida podría provocar una “parálisis operativa” y afirmó que buscará frenar el recorte. También sostuvo que pondrá la situación en conocimiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de Naciones Unidas para la independencia judicial, los países garantes del Acuerdo de Paz de 2016 y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Gómez defendió el traslado de partidas con el argumento de que la justicia ordinaria atraviesa una crisis y arrastra un gran volumen de procesos pendientes. Ramelli, en cambio, reconoció las dificultades de la Rama Judicial pero sostuvo, según El Tiempo, que no deben resolverse afectando a una jurisdicción creada para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado.
El diario colombiano agregó que la ofensiva contra la JEP no se limita al recorte de fondos. Gómez también impulsa que no se prorrogue el período del tribunal y que la etapa de juicio pase a los tribunales de Justicia y Paz, en un debate que deberá atravesar el Congreso.
La discusión ocurre en medio del tratamiento del Presupuesto de 2027. Según El Tiempo, la JEP había pedido $947.642 millones para ese año, pero el proyecto del Ejecutivo le asignó $821.803 millones, un 13 % menos. Parte del aumento solicitado incluía la compra del edificio donde hoy funciona la entidad, en Chapinero, Bogotá, por $41.176 millones.
Ramelli afirmó, siempre según El Tiempo, que las propuestas configuran una estrategia de “asfixia económica” y de sometimiento de la JEP a la Justicia Penal Militar, y las calificó como el ataque más grave contra la independencia y autonomía del tribunal. Antes de la escalada de la polémica, el ministro de Justicia, Iván Cancino, había dicho en el Congreso que el Gobierno no buscaba terminar con la JEP y que le garantizaría recursos para funcionar.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
