Uruguay
La Federación Rural pidió en el Senado terminar con las excepciones para sociedades anónimas agropecuarias
La gremial sostuvo ante la Comisión de Ganadería que el problema central es la concentración de la tierra y no la nacionalidad de los compradores. También propuso un registro público de propiedad y más herramientas de financiamiento para productores locales.
La Federación Rural expuso este jueves en la Comisión de Ganadería del Senado su postura sobre el proyecto de ley que busca regular la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros. Según informó la diaria, la gremial señaló que comparte la preocupación por el despoblamiento del interior, la pérdida de productores medianos y familiares y las dificultades de acceso a la tierra para los productores locales, aunque cuestionó el camino elegido por la iniciativa.
El proyecto en discusión establece que las personas físicas extranjeras sólo podrán acceder a tierras si son ciudadanos legales con diez años de residencia continua, permanente y comprobada en Uruguay. Ese plazo se reduce a cinco años si tienen hijos uruguayos o si están casados o en concubinato con un ciudadano uruguayo desde al menos cinco años antes del negocio jurídico. En cuanto a las personas jurídicas extranjeras, podrán comprar tierras siempre que no hayan sido constituidas fuera del país.
De acuerdo con la diaria, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, dijo que dentro de la organización existe una fuerte preocupación por la concentración de la tierra y que ese debate motivó un proceso interno que derivó en el documento presentado ante los legisladores.
En ese texto, la gremial sostuvo que la nacionalidad del comprador no refleja el problema de fondo y que lo que afecta al tejido productivo es la concentración, sea de capital nacional o extranjero. También advirtió que restringir quién puede comprar puede afectar el valor del campo de los actuales propietarios y perjudicar la previsibilidad de las reglas del país.
La Federación Rural afirmó además que entre 2007 y 2020 cerca de siete millones de hectáreas fueron solicitadas bajo el régimen de excepción de nominatividad previsto en la ley de sociedades anónimas agropecuarias de 2007. Según el documento citado por la diaria, esa superficie representa 43,75% del territorio nacional y ocho empresas concentran aproximadamente 80% de ese total.
Frente a ese escenario, la gremial planteó tres medidas. La primera es crear un sistema público de registro y trazabilidad de la propiedad de la tierra para identificar a los propietarios finales y evitar estructuras societarias que oculten la titularidad. En ese punto, reclamó eliminar el régimen de excepciones y la potestad del Poder Ejecutivo para concederlas.
Como segunda propuesta, pidió promover financiamiento de largo plazo y condiciones promocionales para productores nacionales y para el recambio generacional, además de beneficios fiscales para compradores uruguayos y facilidades sucesorias para herederos. En tercer lugar, planteó mejorar la competitividad estructural, reducir el costo país, flexibilizar la intervención del Instituto Nacional de Colonización cuando el comprador sea nacional con trayectoria productiva comprobada y mejorar las condiciones de crédito del Banco República.
Según la diaria, el senador nacionalista Sebastián da Silva, integrante de la comisión, coincidió con ese enfoque y sostuvo que el problema no es la nacionalidad, sino las excepciones tributarias para los grandes concentradores de campo.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
