Miami
Expertos de la ONU cuestionan las deportaciones de Estados Unidos a terceros países
Relatores independientes advirtieron que los acuerdos impulsados por Washington elevan el riesgo de tortura, trata, detención arbitraria y desaparición forzada. También señalaron que estas prácticas pueden vulnerar el principio de no devolución.
Más de 20 expertos independientes vinculados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertaron este lunes que las deportaciones realizadas por Estados Unidos hacia decenas de terceros países están generando una cadena de posibles violaciones a los derechos humanos.
Según los expertos, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, Washington firmó acuerdos con más de 35 países en desarrollo para recibir migrantes que no pueden ser enviados legalmente a sus naciones de origen. Entre los países mencionados figuran Burundi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Libia y Sudán del Sur.
Los relatores sostuvieron que estos arreglos incrementan el riesgo de tortura, malos tratos y desaparición forzada, además de abrir la puerta a detenciones arbitrarias, esclavitud y trata. También afirmaron que las expulsiones a países con los que las personas deportadas no tienen vínculos pueden agravar las condiciones que las llevaron a huir hacia Estados Unidos.
Los expertos remarcaron que entre los grupos más expuestos están niños, mujeres, personas con discapacidad, víctimas de trata, personas LGBT, defensores de derechos humanos y apátridas. Advirtieron además que, en casos de especial vulnerabilidad, las consecuencias pueden ser mortales.
De acuerdo con esos especialistas, al menos 23.000 personas de terceros países ya fueron deportadas bajo este esquema. France 24 informó que una investigación publicada la semana pasada por Forbidden Stories y un consorcio internacional de periodistas, con participación de reporteros de ese medio, ubicó la cifra por encima de 25.000 hacia fines de agosto.
Los expertos indicaron que ya notificaron a Estados Unidos y a los demás gobiernos involucrados. También señalaron que muchos de los países receptores carecen de infraestructura para procesar pedidos de asilo, instalaciones de resguardo, servicios médicos adecuados o alternativas sostenibles de reintegración. Por eso reclamaron la suspensión inmediata de estos acuerdos y advirtieron que la cooperación entre Estados no elimina responsabilidades por eventuales violaciones al principio de no devolución y a otras obligaciones internacionales.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
