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Iustitia Europa pidió al Supremo frenar las elecciones por las dudas sobre el censo de la ley de nietos
La fuerza reclamó que se suspendan los comicios del 29 de noviembre hasta definir quiénes pueden votar bajo la norma sobre descendientes de exiliados. El planteo llegó después de que la Abogacía del Estado advirtiera que no puede revisar todos los expedientes a tiempo.
Iustitia Europa presentó ante el Tribunal Supremo un pedido para que se suspendan las elecciones convocadas para el 29 de noviembre hasta que se determine qué personas pueden votar en función de la llamada ley de nietos, según informaron La Vanguardia y ABC España.
El planteo surgió en medio del litigio abierto por esa norma, que permite acceder a la nacionalidad española a descendientes de exiliados de la dictadura franquista. Tanto Iustitia Europa como Vox habían recurrido su aplicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo con el argumento de que podía influir en el resultado electoral. El tribunal resolvió suspender cautelarmente la aplicación de la norma mientras analiza esos recursos.
De acuerdo con La Vanguardia, la convocatoria electoral aceleró los tiempos del expediente y el Supremo dio a las partes 48 horas para presentar alegaciones. Los demandantes pidieron que se mantenga la suspensión, aunque el censo que se usará en los comicios es el cerrado el 1 de agosto. Entre el 12 y el 19 de octubre quedó habilitado el plazo para reclamaciones de quienes no figuren correctamente inscriptos, y luego el padrón quedará cerrado de forma definitiva, agregó ese medio.
La Vanguardia señaló que la Abogacía del Estado sostuvo en un escrito la “imposibilidad” de revisar en tan poco tiempo todos los expedientes vinculados con los nietos, que según sus cálculos alcanzan a 369.017 personas. Tras conocer esa presentación, Iustitia Europa pasó a reclamar la suspensión de la elección.
Según ABC España, la fuerza argumentó que existen dudas fundadas sobre la integridad del censo y advirtió sobre dos riesgos: que voten personas alcanzadas por la cautelar judicial, lo que podría derivar en impugnaciones del escrutinio y de la proclamación de electos, o que se impida votar a personas sin haber definido antes si están comprendidas por la medida, con posibles reclamos por afectación del derecho al sufragio.
El conflicto, según La Vanguardia, está ligado a la diferencia entre la Ley de Memoria Democrática y la instrucción posterior dictada para organizar los trámites de nacionalidad. Mientras la ley contempla a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad por causa del exilio, la instrucción presume esa condición para quienes salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 y fija otro criterio probatorio para las salidas ocurridas entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978.
Iustitia Europa y Vox sostienen que esa instrucción excede lo previsto en la ley y que podría haber permitido nacionalizaciones de personas que no serían descendientes de exiliados en los términos de la norma, indicó La Vanguardia. Ambos partidos ya habían llevado la cuestión ante la Junta Electoral Central, que rechazó sus planteos y avaló que quienes ya fueron nacionalizados conserven su derecho al voto, añadió ese diario.
Fuentes del Alto Tribunal citadas por La Vanguardia indicaron que no parecía probable una resolución en el transcurso de esta semana. Ese medio agregó que la futura decisión del Supremo podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
