Argentina
El Gobierno envió a Diputados un proyecto que endurece sanciones por actividades no autorizadas en Malvinas
La iniciativa amplía el alcance de la legislación sobre recursos naturales en las islas y crea un Consejo de Seguridad Nacional. También incorpora cambios en defensa, financiamiento político, ciberinteligencia e infraestructura crítica.
El Poder Ejecutivo presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que redefine el régimen sobre las Islas Malvinas, la Plataforma Continental Argentina y otros espacios bajo reclamo argentino. Según coinciden Crónica, iProfesional y C5N, la propuesta amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales, crea un Consejo de Seguridad Nacional y suma nuevas herramientas frente a amenazas externas.
Uno de los cambios centrales es el reemplazo de la Ley 26.659 por un esquema más amplio, que ya no se limita a la actividad hidrocarburífera sino que alcanza a todos los recursos naturales, renovables y no renovables. De acuerdo con los medios citados, el proyecto también extiende la responsabilidad no solo a operadores directos, sino además a proveedores, socios, accionistas, controlantes y otras personas o entidades que hagan posible esas actividades.
El texto prevé multas, inhabilitaciones y penas de prisión. Crónica y C5N señalaron que las multas administrativas irían de 4.000 a 500.000 barriles de petróleo equivalentes, mientras que las penas de cárcel podrían llegar hasta 20 años según el tipo de conducta. También se contemplan sanciones para personas jurídicas, como suspensión para contratar con el Estado, revocación de habilitaciones, pérdida de beneficios y, en algunos casos, disolución.
Según Crónica, la iniciativa habilita además el juicio en ausencia para los delitos previstos en este régimen. iProfesional precisó que esa herramienta ya fue incorporada al ordenamiento penal argentino por la Ley 27.784.
El proyecto dispone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo conducción del Presidente de la Nación. Según iProfesional y Crónica, ese órgano reuniría al jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, junto con autoridades de la SIDE y de la Secretaría Legal y Técnica, con funciones de coordinación en materia diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia.
Crónica indicó que, ante una amenaza grave e inminente proveniente de un actor o Estado extranjero, ese consejo podría impulsar medidas como restricciones bancarias y cambiarias, bloqueo temporal de fondos y activos, cancelación de licencias y aumentos de derechos aduaneros de hasta 75%.
La iniciativa también regula protocolos para la actuación estatal en espacios aéreos y marítimos. Los tres medios coinciden en que establece procedimientos progresivos frente a aeronaves o buques considerados hostiles, con uso de la fuerza como última instancia y bajo autorización presidencial. En el caso marítimo, el hundimiento de una embarcación aparece como una medida excepcional y no podría usarse como sanción ni solo para evitar una fuga de un buque civil.
En materia de defensa, el proyecto modifica la Ley de Defensa Nacional para permitir la intervención de las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas de origen estatal y no estatal, incluyendo ciberataques y otras agresiones no cinéticas, según Crónica e iProfesional.
Además, incorpora prohibiciones sobre aportes extranjeros a partidos políticos y campañas electorales, y crea nuevas figuras penales ligadas a la revelación de secretos de Estado, la colaboración con operaciones de inteligencia clandestinas y campañas de desinformación financiadas desde el exterior, de acuerdo con Crónica e iProfesional.
La propuesta también le daría rango legal al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET. Según iProfesional y Crónica, eso incluiría la posibilidad de inmovilizar bienes y prohibir operaciones con quienes sean incorporados a ese registro.
Otro capítulo crea un régimen de protección para infraestructuras críticas, tanto públicas como privadas, cuyo funcionamiento sea clave para áreas como salud, energía, telecomunicaciones, transporte, finanzas y defensa. Crónica señaló que el texto pone especial foco en la custodia de centros de datos, sistemas tecnológicos y activos cuya información quedaría bajo reserva de seguridad.
Tras el envío del proyecto, Crónica informó que Javier Milei difundió una carta pública en la que pidió priorizar el tratamiento parlamentario de la iniciativa.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
