Uruguay
Diputados del FA presentaron un proyecto para regular el trabajo penitenciario
La iniciativa plantea salario mínimo, aportes jubilatorios e incentivos para empresas que contraten a personas privadas de libertad y las mantengan empleadas tras su liberación. También prevé retenciones salariales y nuevas herramientas de gestión en el sistema penitenciario.
Los diputados del Frente Amplio Graciela Barrera y Pablo Inthamoussu presentaron un proyecto de ley para regular el trabajo de personas sometidas a penas o medidas privativas de libertad, según informó El País. La propuesta fue elevada a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia.
De acuerdo con el texto al que accedió El País, el trabajo en cárceles deberá realizarse con consentimiento de la persona privada de libertad. El proyecto establece que nadie podrá ser obligado a trabajar mediante amenazas de sanción, pérdida de beneficios u otras formas de coacción.
La iniciativa contempla tres modalidades: peculio abonado por el Instituto Nacional de Rehabilitación, trabajo remunerado en relación con empleadores y pasantías pagas. En esos casos, la remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo nacional y las empresas deberán efectuar aportes a la seguridad social, con el objetivo de generar derechos jubilatorios.
Según El País, el proyecto también fija una retención del 30% sobre el salario. Ese monto se repartiría entre el INR, la Dirección Nacional de Protección Social del Mides y los gastos de funcionamiento para fortalecer la política de atención y protección a víctimas y testigos de los delitos de Fiscalía.
Además, se prevén incentivos fiscales para promover que empresas privadas se instalen en cárceles como empleadoras mediante convenios con el INR. La propuesta también facilita compras estatales a firmas que produzcan en centros penitenciarios y otorga exoneraciones tributarias si continúan contratando a las personas una vez liberadas.
El proyecto habilita, a su vez, emprendimientos individuales o cooperativos para reclusos, sujetos a reglamentación del Poder Ejecutivo. También propone crear una Junta Interinstitucional de Trabajo Penitenciario y faculta al INR a constituir una fundación.
En la exposición de motivos, los autores señalaron que buscan regular el trabajo penitenciario como derecho humano y como herramienta de intervención basada en evidencia, con referencia a experiencias de Chile, España y Argentina, consignó El País.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
