Uruguay
El Frente Amplio impulsa una ley para ordenar el trabajo y la formación en las cárceles
La iniciativa busca fijar reglas para el empleo y la capacitación de personas privadas de libertad, con participación de empresas privadas e incentivos para su instalación en unidades penitenciarias. También propone sustituir el criterio de obligatoriedad del trabajo previsto en una norma de 1975.
La bancada de diputados del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para regular el trabajo y la formación de las personas privadas de libertad bajo la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), informó la diaria. Según la exposición de motivos, a marzo de 2026 había 16.624 personas privadas de libertad y más de 5.000 realizaban actividades laborales en las cárceles, aunque sólo existían 850 peculios, es decir, cupos remunerados pagados por el INR.
De acuerdo con esos datos citados por la diaria, en 2025 el 86% de quienes accedieron a un cupo laboral no recibió remuneración, el 11% cobró un peculio o medio peculio y el 3% percibió un salario.
El diputado frenteamplista Pablo Inthamoussu, que trabajó en la redacción junto con Graciela Barrera, señaló a la diaria que el objetivo es dar un marco estable a la política de trabajo en cárceles y ofrecer garantías a quienes estén interesados en invertir o desarrollar actividades productivas dentro del sistema penitenciario.
La propuesta abarca a todas las personas sometidas a medidas o penas privativas de libertad gestionadas por el INR y también a entidades públicas o privadas a las que se encomiende esa tarea. El texto prevé tres modalidades: peculio, trabajo remunerado y pasantías laborales. En el caso del trabajo remunerado, la paga no podrá ser inferior al salario mínimo nacional vigente. Para las pasantías, se establecen contratos con condiciones dignas de aprendizaje y trabajo, con remuneración acorde a la normativa. En ambos casos, los empleadores deberán realizar los aportes a la seguridad social, salvo disposición expresa en contrario.
El proyecto dispone además que del total de la remuneración un 10% se destine al INR, otro 10% a la Dirección Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y otro 10% a gastos de funcionamiento para fortalecer la política de atención y protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.
La iniciativa establece que ninguna persona privada de libertad podrá ser obligada a trabajar mediante amenazas de pena, sanciones, restricción de beneficios u otras formas de coacción. También señala que el trabajo no podrá usarse como castigo ni como fuente de lucro para la administración y que deberá mediar consentimiento informado y documentado.
Según consignó la diaria, el proyecto toma distancia del Decreto-ley 14.470 de 1975, que establece el carácter obligatorio del trabajo de los reclusos penados y prevé consecuencias sobre beneficios ante su incumplimiento. Inthamoussu afirmó a ese medio que hoy esa norma no se refleja en la práctica y sostuvo que hay personas que quieren trabajar o estudiar pero no encuentran lugar en el sistema.
En materia de formación, la propuesta reconoce el derecho a acceder a programas gratuitos, pertinentes y de calidad, y dispone que las actividades laborales se integren a trayectos de formación técnica certificados por el Ministerio de Educación y Cultura o la Universidad del Trabajo del Uruguay, para que la experiencia sea válida en el mercado laboral.
La incorporación de empresas privadas se canalizará mediante convenios con el INR, promovidos con incentivos fiscales y de contratación pública. El proyecto prevé que las condiciones de esas inversiones no puedan ser modificadas unilateralmente por cambios de autoridades o de orientación de gestión, salvo causa fundada. También fija que los traslados o cambios de destino de personas privadas de libertad que interrumpan una relación laboral sólo podrán resolverse por razones de seguridad debidamente fundadas, a pedido del trabajador o por fuerza mayor.
Según la diaria, el INR y el Ministerio de Economía y Finanzas evaluarán en cada caso el alcance de eventuales exoneraciones. Además, el instituto deberá implementar una ventanilla única para empresas interesadas en firmar convenios, con plazos máximos de respuesta y criterios objetivos de evaluación. El Poder Ejecutivo reglamentará el proceso de incorporación de privados a las unidades penitenciarias.
El texto también habilita al gobierno a reglamentar emprendimientos individuales y cooperativos de personas privadas de libertad para facilitar la comercialización de sus productos dentro y fuera de las cárceles, con asesoramiento del Inacoop si fuera necesario. A la vez, incorpora a las contrataciones del Estado la posibilidad de adquirir bienes y servicios producidos en estos convenios o emprendimientos, habilitándolos como proveedores estatales.
Entre otros puntos, se crea una Junta Interinstitucional de Trabajo Penitenciario, encargada de coordinar, monitorear y evaluar la política, además de elaborar un plan estratégico nacional de al menos diez años. También se faculta al INR a constituir una fundación con autonomía financiera para asociarse con organismos públicos y privados, instituciones educativas, empresas, sindicatos y organizaciones sociales.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
