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Cosse resolvió enviar a la Fiscalía todos los informes del caso Cardama y generó malestar en el oficialismo

La presidenta de la Asamblea General dispuso remitir también los documentos redactados por la oposición sobre la comisión investigadora. Según Búsqueda, la medida abrió diferencias dentro de la bancada del Frente Amplio y provocó críticas de algunos legisladores oficialistas.

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Foto de archivo: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

La presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, firmó esta semana una resolución para remitir a la Fiscalía todos los informes elaborados en la comisión investigadora sobre el caso Cardama, incluidos los redactados por la oposición. Según informó Búsqueda, la decisión fue tomada después de un planteo escrito de legisladores de la coalición y generó malestar en parte de la bancada oficialista y también en integrantes del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con ese medio, inicialmente se había enviado al fiscal Gilberto Rodríguez solo el informe del Frente Amplio aprobado por mayoría en la Asamblea General del 14 de octubre, junto con las actuaciones de la comisión. Sin embargo, legisladores opositores reclamaron que se remitiera la documentación completa y señalaron que el fiscal había solicitado el “testimonio íntegro” de lo actuado, además de que la resolución parlamentaria había dispuesto enviar toda la documentación recibida, recabada y producida.

La nota presentada ante Cosse fue firmada, entre otros, por Gabriel Gianoli, Pablo Abdala, Maximiliano Campo, Felipe Schipani y Gerardo Sotelo. Allí sostuvieron, según Búsqueda, que no debía excluirse ningún material producido por la comisión.

Dentro del oficialismo hubo posturas distintas. El diputado Joaquín Garlo, integrante de la investigadora, dijo a Búsqueda que correspondía enviar todo lo actuado, incluidos los informes de la oposición. Desde el entorno de Cosse también señalaron al semanario que la documentación debía remitirse completa, sin que eso altere el hecho de que el único informe aprobado por la Asamblea General fue el del Frente Amplio.

Otros legisladores oficialistas, en cambio, cuestionaron la medida. Según reconstruyó Búsqueda, algunos entendían que solo debía llegar a la Fiscalía el informe respaldado por la mayoría parlamentaria y advirtieron que el envío de informes contrapuestos podía afectar la contundencia de la investigación fiscal.

La comisión investigadora analizó la frustrada compra de dos patrulleras oceánicas por 82 millones de euros, un contrato firmado en el gobierno anterior y luego rescindido por la actual administración tras detectar indicios de fraude de la empresa española Cardama. El trabajo parlamentario concluyó con cuatro informes: uno del Frente Amplio, otro de la coalición, uno de Cabildo Abierto y otro de Identidad Soberana.

Según Búsqueda, oficialismo y oposición coincidieron en señalar la existencia de hechos de apariencia delictiva, aunque difirieron sobre las responsabilidades. El informe del Frente Amplio apuntó a irregularidades graves con acción u omisión de funcionarios públicos. En cambio, legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente cuestionaron la rescisión del contrato y denunciaron penalmente a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por presunto abuso innominado de funciones.

En la sesión de la Asamblea General que trató las conclusiones, solo el informe del Frente Amplio logró ser aprobado. Eso ocurrió porque los diputados de Cabildo Abierto no estaban en sala al momento de la votación.

Fuentes

Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.

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