Paraguay
Contraloría advierte baja cobertura legal para los fondos del IPS depositados en bancos
La CGR señaló que la garantía prevista por la ley para depósitos bancarios es muy inferior al volumen de recursos que administra la previsional. También cuestionó el acuerdo extrajudicial que derivó en el cobro de honorarios por parte de un exasesor jurídico del IPS.
La Contraloría General de la República advirtió que el Instituto de Previsión Social no tiene procedimientos específicos para actuar ante una quiebra o insolvencia bancaria y que, según informó ABC Color, se remite a lo establecido en la Ley Nº 2334/03 de Garantía de Depósito.
De acuerdo con el director de Auditoría Forense de la CGR, Leandro Villalba, esa normativa fija una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes actualmente a G. 228.300.000. Según explicó al medio, ese esquema no fue pensado para montos como los que mantiene el IPS, que tiene cerca de G. 3 billones, unos US$ 1.000 millones, colocados en distintas entidades financieras.
Villalba indicó que el artículo 20 de la ley prevé prioridad para los fondos previsionales en caso de quiebra de un banco. Sin embargo, aclaró que esa preferencia no implica una garantía total sobre los recursos del IPS: primero se cubriría el monto mínimo protegido por depositante y luego, si existieran fondos disponibles, se seguiría el mecanismo de devolución previsto por la legislación.
El funcionario también remarcó que, una vez activados esos mecanismos legales, la situación quedaría bajo responsabilidad del Banco Central del Paraguay y ya no del IPS. Según ABC Color, la Contraloría sostuvo que la observación no busca generar alarma, aunque sí alertar sobre el manejo de una suma importante de dinero público.
En su informe, la CGR también marcó la concentración de las colocaciones del IPS. Al cierre de 2025, cuatro bancos reunían el 70% de esos recursos: Sudameris con 21,4%; Ueno Bank con 19%; Banco Nacional de Fomento con 14,5%; y Continental con 14,4%. En ese marco, recomendó reforzar los mecanismos de monitoreo y evaluación del riesgo de contraparte y de concentración de las inversiones.
Por otra parte, Villalba objetó el procedimiento por el cual el exasesor jurídico del IPS José González Maldonado cobró G. 412.500.000 en honorarios profesionales mediante un acuerdo extrajudicial, consignó ABC Color. Según el dictamen remitido a la Fiscalía, hubo observaciones por conflicto de intereses, falta de regulación judicial de honorarios y ausencia de análisis actuarial para resguardar los fondos previsionales.
El caso se relaciona con una deuda por aportes obrero-patronales de una empresa privada acumulada entre 2003 y 2018. Siempre según ABC Color, el 29 de julio de 2024 la firma ofreció cancelar la deuda y los honorarios, y 24 horas después el Consejo Directivo del IPS aprobó el acuerdo, impulsado por la Asesoría Jurídica encabezada por González Maldonado.
La CGR también señaló como punto crítico que, en el acta Nº 054/2024, el entonces asesor jurídico admitió haber actuado con venia del presidente Santiago Peña y del asesor presidencial Juan José Galeano para dar respaldo político y jurídico al entendimiento, que incluyó una quita de la deuda. La Contraloría sostuvo que un pago de ese tipo debía ser regulado por un juez y no resuelto de manera interna.
Además, Villalba cuestionó que González Maldonado haya firmado el dictamen jurídico que sirvió de base para autorizar el acuerdo que luego derivó en su propio cobro. La investigación está en manos del fiscal Cristian Benítez y, según ABC Color, la CGR ratificó su informe y pidió profundizar las averiguaciones. También indicó que no hay evidencia de pagos a otros abogados que participaron del litigio durante años, más allá de la factura presentada por el exdirector jurídico.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
