VENEZUELA Crecen los pedidos de derogación total tras el anuncio de reformar la Ley contra el Odio en Venezuela

Delcy Rodríguez solicitó a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, vigente desde 2017. Según informó Efecto Cocuyo, el planteo apunta a la “despenalización de las conductas previstas” en esa norma, en el marco de una revisión del sistema de justicia penal.

El pedido generó rechazos de organizaciones de derechos humanos, gremios y dirigentes políticos, que insistieron en que la ley debe ser derogada. De acuerdo con Efecto Cocuyo, los cuestionamientos apuntan a que la norma fue usada para la persecución política y para abrir causas contra ciudadanos por expresiones críticas al gobierno.

La politóloga y profesora de derechos humanos Nastassja Rojas Silva advirtió a Efecto Cocuyo que mantener parte de la ley alimenta un clima de temor en la sociedad venezolana. Sostuvo además que la norma fue concebida como una herramienta restrictiva contra la disidencia y que una reforma parcial no alcanza si persisten otros mecanismos de presión estatal.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa afirmó que 7 de cada 10 periodistas y trabajadores de prensa presos o judicializados hasta enero de 2026 enfrentaron cargos por incitación o promoción al odio. También reclamó el cierre de todas las causas, medidas cautelares y restricciones derivadas de la aplicación de la ley.

Foro Penal, citado por Efecto Cocuyo, señaló que desde la entrada en vigencia de la norma hubo 927 personas imputadas por instigación al odio. Según ese balance, hasta el 30 de septiembre seis seguían privadas de libertad y 638 estaban sujetas a medidas cautelares.

La publicación recordó que el artículo 20 prevé penas de 10 a 20 años de prisión por publicar o promover mensajes considerados de odio, discriminación o violencia. También destacó que la ley incluye otras sanciones: el artículo 22 contempla la revocatoria de concesiones para radio y televisión, mientras que para redes sociales o medios electrónicos establece multas de 50.000 a 100.000 unidades tributarias y posibles bloqueos si los contenidos no son retirados en seis horas.

En respuesta al planteo de Rodríguez, Jorge Rodríguez anunció en la sesión del 29 de septiembre la creación de una comisión especial para evaluar la reforma. El grupo quedó integrado por Pedro Infante, Nicolás Maduro Guerra, Tania Díaz, Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina Carreño, Willy Medina y Jason Guzmán por el chavismo; Rubén Limas y Luis Augusto Romero por la Alianza Democrática; y Amelia Belisario por el grupo Libertad.

Belisario dijo a Efecto Cocuyo que hasta el 1 de octubre la comisión todavía no había sido convocada y remarcó que su espacio insistirá con la derogación. También adelantó que propondrán que los medios de comunicación tengan acceso a las instancias de debate para garantizar transparencia.

Seis organizaciones de derechos humanos ratificaron en un comunicado publicado el 30 de septiembre que la despenalización es insuficiente. Según señalaron, la ley también afecta derechos políticos y la libertad de asociación, al contemplar sanciones contra partidos y organizaciones cuyo accionar sea interpretado por el gobierno como incitación al odio.

Efecto Cocuyo agregó que en el segundo ciclo de la mesa de diálogo, finalizado el 25 de septiembre, hubo expectativas sobre la derogación de esta y otras normas cuestionadas como arbitrarias e inconstitucionales, pero esa discusión quedó postergada para una próxima ronda.

Fuentes

• Efecto Cocuyo

Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.