Aumentan en el Parlamento uruguayo las críticas a la Justicia por causas de la dictadura

En el último año, el anexo del Palacio Legislativo fue escenario de al menos cinco conversatorios en los que se puso en cuestión la actuación de la Justicia en las causas contra militares retirados procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, según informó Búsqueda.

Cuatro de esas instancias integraron el ciclo La Justicia en Debate, impulsado por el senador colorado Gustavo Zubía. De acuerdo con ese medio, participaron figuras políticas como Sergio Botana, Graciela Bianchi, Pedro Bordaberry, el exsenador Guillermo Domenech, el exdiputado Eduardo Lust y los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera. En esos encuentros se habló de una fiscalía “ideologizada”, se sostuvo que los procesos no ofrecen garantías suficientes a los acusados y se afirmó que hay condenas sin pruebas, aunque sin mencionar casos concretos.

Los eventos fueron presentados por el abogado del Centro Militar, Emilio Mikolic, defensor de procesados o acusados en más de 80 expedientes vinculados a torturas, privación de libertad, violaciones, desapariciones forzadas y homicidios. Según consignó Búsqueda, pese a los cuestionamientos, jueces, tribunales de apelaciones y la Suprema Corte de Justicia han mantenido las condenas. Hasta ahora, más de 120 personas fueron juzgadas por crímenes cometidos durante la dictadura en Uruguay.

El 21 de agosto se realizó además otro acto en el Palacio Legislativo, en el marco del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, con participación de Sanguinetti y Lacalle Herrera. Allí también se criticó el desempeño judicial en estas causas, se cuestionaron los relatos sobre la dictadura y los años previos y se planteó la necesidad de un “revisionismo necesario”, señaló Búsqueda.

En ese evento, organizado por el llamado Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, Lacalle Herrera dijo que el país atraviesa una “gran fractura nacional” y sostuvo que en el Poder Judicial hay una decadencia en el ejercicio del derecho. También afirmó que, en algunos casos, la actuación judicial “más parece revancha que justicia”, de acuerdo con el audio del encuentro relevado por Búsqueda.

La historiadora Magdalena Broquetas, directora del Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, consideró ante Búsqueda que estos discursos buscan deslegitimar al Poder Judicial y atacar la investigación histórica. A su juicio, resulta preocupante que, tras años de acumulación de evidencia histórica y judicial, circulen en forma pública afirmaciones de ese tenor.

Por su parte, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, dijo en Desayunos informales de Canal 12 que esos cuestionamientos constituyen “presiones” sobre la Fiscalía y el Poder Judicial. Señaló además que corresponde al Estado colaborar con las investigaciones de crímenes de lesa humanidad, una obligación internacional que mencionó al referirse al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman.

El decano de la Facultad de Humanidades, Nicolás Duffau, dijo a Búsqueda que el cuestionamiento a autoridades judiciales no es nuevo en la historia política uruguaya, aunque entendió que en la actualidad tiene un énfasis distinto por estar dirigido a una fiscalía especializada.

Otro de los puntos que reapareció en estas actividades fue el reclamo de prisión domiciliaria para adultos mayores. En el cierre de uno de los encuentros del ciclo, el 9 de agosto, Bordaberry adelantó que presentaría un aditivo a la Rendición de Cuentas para conceder ese beneficio a mayores de 70 años. El Frente Amplio respondió que no se trata de “justicia para todos”, sino de una excepción orientada a personas condenadas por delitos cometidos durante la dictadura.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, dijo a Búsqueda que le llama la atención que iniciativas como la prisión domiciliaria para adultos mayores no hayan sido aprobadas por la anterior coalición de gobierno cuando tenía mayoría parlamentaria. Además, defendió el funcionamiento de la Justicia, sostuvo que el Poder Judicial es independiente y remarcó que hubo pronunciamientos en primera instancia, segunda instancia y en la Suprema Corte.

Según Búsqueda, durante estos eventos las personas recluidas en Domingo Arena fueron presentadas como presos políticos, y las transmisiones se difundieron en un canal de YouTube llamado “Prisioneros políticos Uruguay”. Fuentes de la Fiscalía dijeron a ese medio que las críticas comenzaron a intensificarse después de la puesta en marcha de la fiscalía especializada, en paralelo con el aumento de procesamientos y condenas.

En ese contexto, también surgieron cuestionamientos por la situación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. A comienzos de setiembre, la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, anunció en el Senado que, ante la falta de recursos, se le sumarían nuevas competencias a esa sede. Además, una de sus fiscales adscriptas, Natalia Denegri, fue trasladada temporalmente a una fiscalía de Homicidios.

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos expresó su respaldo a Perciballe y cuestionó decisiones que, a su entender, favorecen un “progresivo debilitamiento” de la fiscalía especializada. Según el comunicado citado por Búsqueda, esa oficina investiga 25 causas bajo el actual Código del Proceso Penal y otras 125 con el régimen anterior.

Fuentes

• Búsqueda

Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.