Argentina
La discapacidad abre un frente de conflicto para Milei en el Congreso, la Justicia y con sus aliados
El oficialismo sufrió reveses parlamentarios, enfrenta reclamos judiciales por la emergencia y suma tensiones con Pro, la UCR y gobernadores. Además, una causa sobre presuntas irregularidades en la ex-Andis alcanza al entorno presidencial.
La política de discapacidad se transformó en un foco de desgaste para el gobierno de Javier Milei, con consecuencias simultáneas en el Congreso, los tribunales y su relación con sectores que suelen acompañarlo. Según reconstruyó La Nación, el oficialismo ya acumuló siete votaciones adversas sobre este tema, entre ellas la insistencia legislativa contra un veto presidencial.
El tema volvió a tensar la escena esta semana en Diputados, cuando la oposición impulsó una sesión para avanzar con una prórroga de la emergencia en discapacidad y con iniciativas vinculadas al endeudamiento de las familias. De acuerdo con La Nación, el Gobierno intentó primero desactivar el debate en comisiones y luego buscó que aliados y gobernadores no dieran quorum. Pero ante la posibilidad de una derrota, La Libertad Avanza cambió de posición y terminó acompañando los emplazamientos promovidos por la oposición.
La emergencia ya había dejado al oficialismo en minoría el año pasado. Siempre según La Nación, la ley fue aprobada en Diputados con 148 votos y luego sancionada en el Senado con 55 votos afirmativos, sin rechazos y con ausencia libertaria. Tras el veto de Milei, las mayorías crecieron: Diputados insistió con 172 apoyos y el Senado rechazó el veto con 63 votos contra siete. En ese proceso, sectores de Pro y la UCR que al inicio habían respaldado al Gobierno empezaron a tomar distancia.
El conflicto también llegó a la Justicia. La Nación señaló que, mediante el decreto 681/2025, el Poder Ejecutivo promulgó la ley de emergencia pero suspendió su aplicación con el argumento de que no tenía fuentes claras de financiamiento. Eso motivó amparos de familias y prestadores, e incluso pedidos ante el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para que aplicara sanciones económicas al jefe de Gabinete por incumplimiento. Finalmente, en febrero de este año, el Ejecutivo reglamentó la ley.
La discusión sigue abierta. Las familias reclaman una nueva prórroga porque entienden que aún no se cumplió el artículo 13, que prevé una compensación a prestadores por la inflación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Además, sostienen que falta incorporar cerca de un 30% a la base del nomenclador de honorarios. El Gobierno rechaza esa interpretación. En la última sesión, la diputada libertaria Silvana Giudici afirmó que la emergencia está cumplida y citó un fallo de la Cámara Federal de San Martín que indica que la ejecución de la ley se encuentra en curso, según consignó La Nación.
Las diferencias también impactan en los aliados. Pro reclamó públicamente un cronograma claro de pagos a los prestadores, y su jefe de bloque, Cristian Ritondo, reiteró ese pedido en el recinto, informó La Nación. La UCR, por su parte, cuestionó el giro de estrategia del oficialismo. Además, varios gobernadores cuyos legisladores suelen votar con el Gobierno también se despegaron, entre ellos Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora. En los bloques provinciales explican que, cuando Nación no cubre prestaciones, parte de esa demanda termina siendo absorbida por hospitales e institutos de las provincias.
En paralelo, el área quedó alcanzada por una causa judicial en Comodoro Py sobre presuntos sobreprecios y direccionamiento de licitaciones en la ex Agencia Nacional de Discapacidad, hoy reconvertida en la Secretaría Nacional de Discapacidad. Según La Nación, el expediente salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.
La semana pasada, agregó ese medio, el fiscal federal Franco Picardi citó como testigo a Nadia Beller, quien sostiene que Fernando Cerimedo, exasesor de Milei, le dijo que Karina Milei estaba involucrada en los hechos investigados y que tiene grabaciones para respaldarlo. La declaración fue fijada para el 23 de septiembre y se realizará por videoconferencia. La causa se había iniciado a mediados del año pasado, tras la difusión de audios en los que una voz atribuida a Diego Spagnuolo, entonces titular de la Andis, hablaba de presuntas irregularidades en el organismo y mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, siempre de acuerdo con La Nación.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
