Argentina
El oficialismo obtuvo dictamen para el proyecto sobre Malvinas y busca llevarlo al recinto en noviembre
La iniciativa avanzó en comisión tras cambios negociados con bloques aliados. El texto endurece sanciones por la explotación no autorizada de recursos en el Atlántico Sur y crea un Consejo de Seguridad Nacional.
El oficialismo consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que apunta a reforzar las sanciones por la explotación sin autorización argentina de recursos naturales en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Tras negociar modificaciones con espacios aliados, La Libertad Avanza dejó el texto en condiciones de ser debatido en la Cámara de Diputados.
La fecha que evalúa el bloque libertario para llevarlo al recinto es el jueves 12 de noviembre, aunque el cronograma podría cambiar por la visita del papa León XIV a la Argentina. Según C5N, también se analiza el sábado 14 como alternativa.
El proyecto, impulsado principalmente por Santiago Caputo, no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que abarca también la explotación de recursos renovables y no renovables. Entre las sanciones previstas figuran multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina.
Uno de los cambios centrales fue el recorte del alcance de las penalidades. La nueva redacción limita la responsabilidad a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de los proyectos alcanzados. Quedaron excluidos los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión con participación indirecta.
Según BAE Negocios y C5N, el alcance de esas sanciones había despertado preocupación en Estados Unidos. BAE Negocios señaló que el subsecretario de Estado Christopher Landau reconoció que Washington seguía de cerca la discusión. C5N agregó que desde la oposición vincularon las modificaciones a planteos de ese país.
La iniciativa también crea un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete; los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad; el secretario de Inteligencia de Estado; y la secretaria Legal y Técnica. Ese organismo tendrá entre sus atribuciones coordinar la estrategia en defensa, inteligencia y seguridad interior, además de intervenir sobre inversiones extranjeras en sectores sensibles como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.
Como parte de la negociación, el oficialismo aceptó sumar una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso para controlar las decisiones del nuevo órgano. La propuesta había sido impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo. El Ejecutivo deberá informar a esa comisión, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.
Otro de los puntos modificados fue el artículo que fija penas de cinco a doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. El dictamen define la llamada “campaña de injerencia extranjera” como acciones planificadas, sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas destinadas a influir sobre elecciones, decisiones de autoridades o la formación de la voluntad política.
El texto además excluye de esa figura a la actividad diplomática conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones de un Estado extranjero, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta y regulada de intereses. De todos modos, BAE Negocios y C5N señalaron que algunos aliados mantienen objeciones y reclaman nuevos cambios antes de la votación en el recinto.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
