Miami
TEXAS La administración Trump y Texas pidieron a la Corte Suprema sostener un acuerdo que anuló una regla migratoria
El caso gira en torno a una norma de la era Biden que permitía a jueces de inmigración suspender algunos procesos de deportación. Ciudades encabezadas por Baltimore y una organización de asistencia legal buscan frenar el fallo de un juez federal de Texas.
La administración de Donald Trump y el estado de Texas solicitaron a la Corte Suprema de Estados Unidos que mantenga vigente un acuerdo judicial que dejó sin efecto una regulación aprobada durante la presidencia de Joe Biden, según informó SCOTUSblog. Esa norma permitía a jueces de inmigración suspender en ciertos casos procesos de deportación mediante una herramienta conocida como cierre administrativo.
De acuerdo con SCOTUSblog, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, dependiente del Departamento de Justicia, había adoptado esa regla en 2024. La disposición habilitaba a pausar expedientes, por ejemplo cuando una víctima o testigo de un delito tramitaba un alivio migratorio mientras seguía en curso una apelación en tribunales federales inferiores.
Texas demandó en junio ante un tribunal federal de Wichita Falls y sostuvo que esa oficina no tenía autoridad para dictar la regulación. El caso quedó en manos del juez federal Reed O’Connor. Ese mismo día, el Departamento de Justicia y Texas pidieron que se dictara una sentencia final a favor del estado, que se invalidara por completo la regla y que además se dejara asentado que la agencia no podía adoptar otra similar en el futuro. O’Connor aceptó esos planteos.
Más tarde, las ciudades de Baltimore, New Haven y Columbus, junto con Centro Legal de la Raza, intentaron sumarse al expediente para defender en apelación la norma sobre cierre administrativo. O’Connor rechazó ese pedido al considerar que no tenían legitimación para accionar. Según SCOTUSblog, el magistrado descartó especialmente el argumento de las ciudades de que la eliminación de la regla les generaría costos porque algunos contribuyentes podrían ser deportados. Luego, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito también se negó a suspender la decisión mientras seguía la apelación, lo que llevó a los impugnantes a recurrir a la Corte Suprema el 9 de octubre.
En su presentación ante el máximo tribunal, los demandantes sostuvieron que la sentencia por acuerdo era injustificable y advirtieron, siempre según SCOTUSblog, que permitir que siga vigente facilitaría que agencias federales eludan las exigencias legales aplicables a la regulación administrativa si deciden no defender una norma impugnada y aceptan de inmediato un alcance nacional del fallo.
La respuesta de la administración Trump y de Texas fue que esos terceros no tienen derecho a intervenir en la apelación y, por lo tanto, tampoco pueden cuestionar el acuerdo. El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, argumentó ante los jueces que el pedido intenta convertir una disputa puntual sobre la intervención en el caso en un ataque amplio contra el fondo de la aprobación judicial del acuerdo.
Texas agregó que conceder la solicitud reactivaría una regla que el tribunal de distrito declaró ilegal, restauraría los perjuicios fiscales y soberanos alegados por el estado y alteraría una sentencia firme aceptada por las partes originales. Además, tanto Sauer como Texas sostuvieron que los eventuales daños alegados por las ciudades son demasiado indirectos, porque dependen de una cadena de decisiones futuras y discrecionales, y que no se identificó a ningún contribuyente concreto para el cual ese escenario fuera probable.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
