Uruguay
Uruguay reabre la discusión sobre los allanamientos nocturnos con posturas divididas entre penalistas
Tras nuevas señales del oficialismo y la oposición para revisar el tema, seis especialistas consultados por Caras y Caretas expusieron argumentos a favor y en contra. El debate vuelve sobre la Constitución, la eficacia de la medida y los riesgos para las garantías.
La posibilidad de habilitar allanamientos nocturnos en Uruguay volvió a instalarse en la agenda política después de que el presidente Yamandú Orsi afirmara que el tema debe analizarse si puede contribuir a mejorar la seguridad pública. Según informó Caras y Caretas, la discusión resurgió luego de la propuesta del presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, de crear una comisión multipartidaria para estudiar una nueva consulta popular sobre el asunto.
La actual redacción constitucional, en su artículo 11, establece que el hogar es inviolable y que de noche nadie puede ingresar sin consentimiento de su jefe, mientras que de día solo puede hacerse por orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos previstos por la ley. Esa cláusula quedó en el centro del debate tras el plebiscito de octubre de 2024 que rechazó la habilitación de los allanamientos nocturnos.
De acuerdo con Caras y Caretas, Orsi sostuvo que existen opiniones divididas y que no se niega a evaluar medidas que puedan ayudar en materia de seguridad. En la misma línea, el ministro del Interior, Carlos Negro, planteó públicamente que hace falta una evaluación correcta de los riesgos y de la efectividad de la medida, y señaló que no hay evidencias concluyentes en uno u otro sentido. También el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se mostró dispuesto a discutir el tema con argumentos y advirtió sobre las “soluciones mágicas”.
Entre los penalistas consultados por el semanario aparecieron posiciones enfrentadas. Marcelo Domínguez rechazó la iniciativa por entender que no es constitucional y porque, a su juicio, no tendría impacto real en la seguridad. Señaló además dificultades operativas para la Policía, sobre todo en barrios con escasa iluminación, pasajes sin luz o viviendas sin numeración, y advirtió sobre la posibilidad de errores.
En cambio, Gustavo Bordes defendió la habilitación con una reglamentación estricta. Sostuvo que varios países europeos cuentan con esta herramienta y que el problema en Uruguay no es jurídico sino práctico. También remarcó que ya existen supuestos de ingreso nocturno, como los casos de flagrancia, denuncias de género o cuando el responsable del hogar autoriza el acceso.
Rodrigo Rey, por su parte, se manifestó en contra. Según explicó a Caras y Caretas, en situaciones vinculadas al expendio de drogas ya es posible actuar, y en otros delitos como homicidios o estafas los allanamientos nocturnos no aportarían demasiado. Añadió que, en materia de estupefacientes, gran parte de la evidencia suele estar en celulares y consideró que este tipo de operativos puede incluso facilitar la destrucción de pruebas.
Para Juan Manuel González Rossi, la habilitación no resolvería el problema de la seguridad pública, aunque podría mejorar la eficiencia de algunas investigaciones. De todos modos, advirtió que esa posible ventaja debería sopesarse frente al riesgo de reducción de garantías y de allanamientos equivocados.
El exfiscal Enrique Moller, citado por Caras y Caretas a título personal, se mostró favorable a incorporar la herramienta mediante una reforma constitucional y con condiciones bien delimitadas por el legislador. Afirmó que se trata de un instrumento procesal que el Estado debería tener, siempre bajo una regulación precisa y con resguardo de las garantías judiciales.
En una posición más cautelosa, Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología, dijo que su valoración definitiva dependerá de conocer un eventual proyecto de ley o texto de reforma, porque hasta ahora se trata de un debate político. Indicó además que en países donde existen los allanamientos nocturnos su uso sería escaso o nulo, y mencionó reparos vinculados tanto a la mayor resistencia que puede generar una intervención en la oscuridad como a antecedentes de abusos policiales y violaciones a los derechos humanos en otros países.
Así, el debate volvió al centro de la escena con una coincidencia limitada: la discusión sigue abierta, pero sin expectativa clara de que una eventual habilitación implique por sí sola un cambio decisivo en la seguridad pública.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
