Uruguay
La oposición marca reparos al proyecto sobre trabajo en cárceles y pide precisar exoneraciones
La iniciativa del Frente Amplio comenzó a discutirse en la Comisión de Seguridad y Convivencia. Legisladores de la oposición acompañan el objetivo, pero cuestionan el alcance de los incentivos fiscales y los cambios sobre la obligatoriedad del trabajo.
La Comisión de Seguridad y Convivencia empezó a estudiar el proyecto presentado por la bancada de diputados del Frente Amplio para regular el trabajo de las personas privadas de libertad. Según informó la diaria, la propuesta recibió una primera evaluación favorable de parte del diputado nacionalista Pablo Abdala, aunque reclamó definiciones más concretas en varios puntos, mientras que el colorado Gabriel Gurméndez advirtió que el texto presenta desequilibrios.
La iniciativa prevé incentivos fiscales para empresas privadas que desarrollen actividades laborales dentro de las cárceles y también exoneraciones para aquellas que mantengan el vínculo laboral tras el egreso. Además, contempla emprendimientos individuales y cooperativos de personas privadas de libertad e incorpora a las contrataciones estatales la posibilidad de adquirir productos elaborados en ese marco o surgidos de convenios entre el Instituto Nacional de Rehabilitación y firmas privadas.
El proyecto establece tres modalidades de trabajo: el peculio, pagado por el Instituto Nacional de Rehabilitación y equivalente al 50% del salario mínimo nacional; el trabajo remunerado a partir de una relación con empleadores; y las pasantías laborales, definidas como actividades formativas y laborales vinculadas al funcionamiento del organismo o de las unidades penitenciarias. También dispone acceso a la seguridad social y fija que, en el caso del trabajo remunerado, el sueldo no podrá ubicarse por debajo del salario mínimo nacional.
De acuerdo con datos de 2025 citados en la exposición de motivos y consignados por la diaria, 86% de quienes accedieron a alguna plaza laboral no recibió remuneración, 11% cobró peculio y sólo 3% percibió salario. La presidenta de Familias Presentes, Gabriela Rodríguez, sostuvo al medio que las oportunidades de trabajo pago dentro de las cárceles son casi inexistentes y advirtió que el peculio suele fraccionarse para alcanzar a más personas, por lo que en la mayoría de los casos se termina cobrando la mitad de ese monto.
Abdala consideró que el proyecto puede servir como base para actualizar la normativa vigente desde 1975 y valoró que reafirme la aplicación del derecho laboral común. Sin embargo, planteó que los incentivos tributarios todavía aparecen formulados de manera conceptual y que el Poder Ejecutivo deberá precisar hasta dónde está dispuesto a avanzar en materia de renuncia fiscal.
En ese punto, el texto dispone que el Instituto Nacional de Rehabilitación implemente una ventanilla única para empresas interesadas en convenios, con plazos máximos y criterios objetivos de evaluación, y que el Ministerio de Economía y Finanzas analice los incentivos y exoneraciones disponibles para inversiones en unidades penitenciarias. También habilita el acceso a beneficios previstos en el marco de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones.
Gurméndez, por su parte, dijo a la diaria que todavía resta un análisis detallado y señaló posibles impactos sobre el costo para el Estado, la transparencia y la competencia comercial. También cuestionó que algunos aspectos queden sujetos a un margen amplio de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, cuando a su entender deberían quedar establecidos por ley.
Otro de los reparos del legislador colorado está en el cambio sobre la obligatoriedad del trabajo. El proyecto establece que ninguna persona podrá ser obligada a trabajar mediante amenazas de sanción, restricción de beneficios u otras formas de coacción. Gurméndez sostuvo que allí observa un retroceso, porque entiende que el trabajo debería afirmarse más como deber que como opción, en función de la rehabilitación y la prevención del delito.
La diaria recordó que la obligatoriedad del trabajo en prisión también fue impulsada por Guido Manini Ríos. En la negociación por la Rendición de Cuentas, Cabildo Abierto había planteado destinar recursos a talleres, infraestructura y pago de peculio con el objetivo de hacer trabajar a todas las personas condenadas privadas de libertad. De todos modos, la bancada de ese partido todavía no analizó el proyecto.
Desde Familias Presentes, Rodríguez consideró importante que la ley deje establecido que el trabajo debe organizarse según el interés de la persona. También planteó seguir discutiendo la referencia al salario mínimo, ya que a su entender debería pagarse el laudo correspondiente a la categoría laboral. Además, señaló que sobre la remuneración se descuentan porcentajes del 10% para el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Dirección Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y la atención y protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, por lo que advirtió que el ingreso final puede resultar muy bajo si la base es el salario mínimo.
Durante la elaboración del proyecto, los diputados se reunieron con organizaciones empresariales, entre ellas la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que desarrolla el Programa Liberados para facilitar la inserción laboral de personas egresadas. Según la diaria, el coordinador de ese programa, Eduardo Ottonelli, afirmó que la iniciativa representa un paso importante porque aporta un marco formal para la contratación dentro de las cárceles y para los beneficios que podrían recibir las empresas.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
