Argentina
La defensa de Cezinha de Madureira negó irregularidades tras la operación de la Policía Federal
El diputado del PL de San Pablo quedó bajo una orden de allanamiento junto con su esposa, la abogada Valéria Rodrigues Linhares. Según O Globo, la defensa cuestionó además que la medida se realizara en un contexto político y electoral.
La defensa del diputado federal Cezinha de Madureira, del PL de San Pablo, sostuvo este lunes que el legislador no cometió irregularidades y criticó el momento en que se llevó adelante la operación de la Policía Federal en su contra, en lo que definió como un escenario político y electoral.
Según informó O Globo, Cezinha de Madureira y la abogada Valéria Rodrigues Linhares, esposa del parlamentario, fueron alcanzados por órdenes de allanamiento y secuestro de pruebas dictadas en una investigación que tramita en el Supremo Tribunal Federal.
La medida fue autorizada por el ministro Flávio Dino, quien levantó el secreto de la decisión después de ejecutadas las diligencias. En su resolución, señaló indicios de que el diputado habría usado el peso de su cargo legislativo para hacer creer a terceros que tenía influencia sobre decisiones de ministros de tribunales superiores y negociar esa supuesta llegada.
En una nota firmada por el estudio Carneiros Advogados, la defensa afirmó, de acuerdo con O Globo, que el diputado confía plenamente en la Justicia, se considera disponible para aportar las aclaraciones necesarias y espera que, con acceso integral al expediente y a los elementos de la pesquisa, se demuestre dentro del debido proceso que no hubo ninguna irregularidad.
Los abogados también objetaron el momento elegido para la acción policial y sostuvieron que medidas de alto impacto deberían haberse realizado con distancia de cualquier circunstancia política o electoral, siempre según la reconstrucción publicada por O Globo.
La ofensiva es un desprendimiento de la Operación Transparencia, iniciada en diciembre de 2025, que investiga sospechas de tráfico de influencias, explotación de prestigio, corrupción pasiva y lavado de dinero en causas en trámite ante cortes superiores.
De acuerdo con la investigación de la Policía Federal citada por O Globo y respaldada por el relator, la abogada Mariângela Fialek, ex empleada de la Cámara conocida como Tuca, captaba expedientes y elaboraba escritos y memoriales técnicos; Valéria Rodrigues Linhares formalizaba contratos de honorarios de éxito y cesiones de crédito; y Cezinha de Madureira intervenía en contactos directos y gestiones con ministros aprovechando su circulación parlamentaria.
O Globo agregó que mensajes obtenidos por la Policía Federal mostraron negociaciones sobre procesos de valores elevados, entre ellos expedientes vinculados con la defensa de la intendenta de Beberibe, en Ceará, y de un exsecretario de Belford Roxo, en Río de Janeiro, con previsiones de pagos de entre 500.000 y 2 millones de reales. Entre las pruebas mencionadas en el expediente figura además el secuestro de 510.000 reales en efectivo a Valéria Linhares en el aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, en agosto de 2026.
Flávio Dino remarcó en su despacho que ministros del STF, del Superior Tribunal de Justiça y del Tribunal Superior Eleitoral no están investigados y no cometieron irregularidades. Según consignó O Globo, el foco del caso es la comercialización de una influencia ofrecida y tasada por quienes la presentaban, mientras que las autoridades judiciales aparecen como víctimas de esa maniobra.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
