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La Abogacía del Estado rechaza excluir del censo a casi 190.000 descendientes nacionalizados por las leyes de memoria
Los servicios jurídicos del Estado se opusieron al pedido de Vox e Iustitia Europa para impedir que ese colectivo vote en las generales del 29 de noviembre. Según publicó elDiario.es, advirtieron que una nueva depuración del censo desbordaría a los consulados.
La Abogacía del Estado presentó escritos en contra del pedido de Vox e Iustitia Europa para apartar del censo electoral a 189.578 personas incluidas en el Anexo III de la instrucción del Ministerio de Justicia de 2022, según informó elDiario.es. Se trata de hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad española por la ley de nietos de 2022 o por la ley de memoria de 2007.
De acuerdo con ese medio, los servicios jurídicos del Estado sostuvieron que ese planteo busca poner en cuestión la legitimidad del voto de esas personas. También remarcaron que ese grupo no está afectado por la discusión sobre la presunción de exilio que motivó la intervención del Supremo en otros casos.
La Abogacía del Estado añadió que extender la exclusión alcanzaría incluso a un número relevante, aunque no determinado, de personas nacionalizadas al amparo de la ley de 2007, con expedientes que, según su criterio, no tienen relación con la controversia actual.
En el plano operativo, siempre según elDiario.es, los escritos señalaron que ya fue muy complejo retirar del censo a 163.020 nacionalizados tras la decisión previa del Supremo. Esa tarea, indicaron, demandó un mes y medio de trabajo en 172 consulados, con refuerzo de personal, suspensión de vacaciones, trabajo en días festivos y cierres temporales de atención al público. Por eso, consideraron materialmente imposible repetir una revisión similar a pocas semanas de la elección y con la documentación electoral ya enviada.
Los servicios jurídicos del Estado también relativizaron el impacto electoral de la medida. Recordaron que la cautelar inicial del Supremo se apoyó en un aumento potencial de más de 408.000 inscriptos en el censo exterior, pero afirmaron que los afectados reales quedaron reducidos a 163.020 personas. De ese total, “poco más de 100.000”, según la Abogacía, no figuran en el censo por edad, fallecimiento o falta de solicitud.
Con una participación histórica del voto exterior del 8,36%, la Abogacía del Estado estimó que la privación efectiva de sufragios ya suspendidos rondaría los 10.000 votos. Y agregó que, incluso si se vetara también a los descendientes alcanzados ahora por el reclamo de Vox e Iustitia Europa, el efecto conjunto no superaría los 20.000 votos sobre un padrón de más de 27 millones de electores.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
