Uruguay
Jorge Díaz defendió el papel de los gobiernos del Frente Amplio en el juicio por Aratirí
El prosecretario de Presidencia sostuvo que el resultado favorable para Uruguay contradice las críticas sobre la gestión del caso. Senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado cuestionaron que el oficialismo se adjudique el mérito del desenlace.
El reciente fallo del Tribunal de Apelación de París que rechazó el pago de US$ 3.536 millones reclamado al Estado uruguayo por accionistas de Aratirí abrió una nueva disputa política sobre la responsabilidad y los méritos en el largo litigio internacional.
Según informó Búsqueda, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que la sentencia ratifica la “seriedad” y la “seguridad jurídica” de Uruguay. También salió al cruce de quienes habían advertido que el país perdería el caso.
En declaraciones a Búsqueda, Díaz sostuvo que, si los gobiernos del Frente Amplio hubieran actuado mal en este tema, Uruguay no habría obtenido un fallo favorable. Además, vinculó esas advertencias con otros pronósticos opositores sobre eventuales litigios contra el Estado.
El reclamo de los demandantes apuntaba a que el Estado fue responsable del fracaso del proyecto minero por haber desplegado, entre 2012 y 2017, un proceso de expropiación ilícita mediante acciones y omisiones, de acuerdo con la sentencia citada por Búsqueda.
La discusión también alcanzó a dirigentes de la oposición. El entonces senador Luis Lacalle Pou había cuestionado en 2018 el manejo de los gobiernos frenteamplistas sobre Aratirí y había advertido sobre una posible derrota judicial. Tras el fallo favorable a Uruguay, el senador nacionalista Sebastián da Silva respondió en la red social X que el conflicto se originó en la administración de José Mujica y que en la victoria participaron al menos tres gobiernos.
Díaz discrepó con esa interpretación. Según dijo a Búsqueda, la instancia de 2020 ante la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, debe atribuirse al segundo gobierno de Tabaré Vázquez, porque esa administración llevó adelante el arbitraje, armó los equipos, reunió testigos, designó expertos y produjo la prueba.
De acuerdo con esa reconstrucción, los accionistas apelaron y en 2023 un tribunal de apelación de París falló a su favor. Díaz señaló que en esa derrota sí intervino el gobierno de Lacalle Pou. También reconoció que esa administración participó luego en la presentación en casación, donde el Estado consiguió una resolución favorable.
Siempre según Búsqueda, Díaz agregó que, cuando el expediente volvió a un tribunal de apelación para un nuevo examen en 2025, el gobierno de Yamandú Orsi modificó la estrategia de defensa, contrató otros expertos y cambió de estudio jurídico. En esa nueva etapa, el fallo volvió a ser favorable para Uruguay.
El prosecretario resumió así el reparto de responsabilidades: el gobierno de Lacalle Pou intervino en una instancia que terminó en derrota y en otra que terminó en victoria, mientras que los gobiernos del Frente Amplio participaron en dos etapas que concluyeron con resoluciones favorables, en 2020 y 2026, según consignó Búsqueda.
Las críticas al oficialismo no llegaron solo desde el Partido Nacional. El senador colorado Robert Silva escribió en X que el gobierno se está atribuyendo méritos ajenos y omitió, a su juicio, que estos litigios internacionales comenzaron por decisiones equivocadas de administraciones del propio Frente Amplio.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
