Miami
VENEZUELA Piden derogar la Ley contra el Odio en Venezuela y rechazan una reforma parcial
Especialistas y representantes vinculados a la defensa de la libertad de expresión sostienen que cambiar algunos artículos no resolvería el uso persecutorio de la norma. Según El Nacional, también reclaman revisar las causas y medidas aún vigentes contra acusados bajo esa ley.
Referentes jurídicos y del periodismo consultados por El Nacional reclamaron la derogación total de la Ley contra el Odio en Venezuela y advirtieron que una reforma limitada no alcanzaría para frenar la persecución contra ciudadanos, periodistas y activistas.
De acuerdo con ese medio, la norma fue aprobada en 2017 y prevé penas de hasta 20 años de prisión. El Foro Penal registró 927 personas acusadas por supuesta promoción o incitación al odio desde su entrada en vigencia.
El planteo reapareció después de que Delcy Rodríguez solicitara a fines de septiembre modificar la ley. Luego de ese pedido, la Asamblea Nacional encabezada por Jorge Rodríguez designó una comisión para redactar un proyecto de reforma, integrada mayoritariamente por diputados chavistas.
Zair Mundaray, exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público, dijo a El Nacional que el texto es ambiguo y deja en manos de las autoridades una definición discrecional de qué constituye incitación al odio. A su juicio, ese diseño permitió criminalizar la libertad de expresión y reducir el espacio cívico.
Según Mundaray, la referencia oficial a una posible “despenalización de las conductas” podría implicar cambios en artículos centrales, pero insistió en que la norma debe ser eliminada por completo. También cuestionó que la comisión parlamentaria no incluya a representantes de la sociedad civil ni de sectores afectados por su aplicación.
El abogado Evelio Chávez, subcoordinador jurídico de Un Mundo Sin Mordaza, sostuvo ante El Nacional que el problema no se resuelve con bajar penas o retocar algunos puntos. Además de la derogación, pidió revisar las consecuencias que dejó la aplicación de la ley sobre personas que siguen con procesos abiertos, medidas cautelares o restricciones para salir del país.
Delvalle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, consideró tardío que Delcy Rodríguez reconociera un uso abusivo de una ley que ella misma impulsó en 2017. También afirmó que la norma promovió miedo, autocensura y judicialización de periodistas, y recordó que el CNP registraba 42 periodistas judicializados hasta el 3 de enero, de los cuales casi 30 habían sido imputados en causas vinculadas con esta legislación.
Según El Nacional, horas después del pedido de reforma fueron absueltos los periodistas Luis López y Gabriel González. El medio también señaló que Rory Branker fue absuelto el 2 de octubre y que Carlos Julio Rojas recibió libertad plena seis días más tarde.
Canelón mencionó además los efectos personales y familiares de estas detenciones, y planteó que el daño no termina con una excarcelación. Chávez coincidió en que una de las secuelas más extendidas ha sido la autocensura, por el temor a que opiniones, denuncias o publicaciones sean interpretadas de manera amplia como incitación al odio.
Los entrevistados coincidieron, según El Nacional, en que pueden existir límites legales frente a expresiones que inciten a la violencia o la discriminación, pero remarcaron que esos criterios deben ajustarse a estándares internacionales y no convertirse en herramientas para castigar la crítica o la disidencia.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
