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VENEZUELA La Asamblea venezolana aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio

La mayoría chavista avanzó con el proyecto pese al rechazo de sectores opositores que reclaman la derogación de la norma. La iniciativa elimina penas de prisión, pero mantiene sanciones administrativas y multas.

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Vista desde el fondo de una sala legislativa con bancas ocupadas, una figura de espaldas en el estrado y documentos sobre una mesa, sin rostros visibles.
Imagen generada con IA · El Notero

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio, con el respaldo de la mayoría chavista y el voto en contra de bloques opositores que cuestionan la continuidad de la norma y piden su derogación.

Según informó El Pitazo, las fracciones Vamos Vamos Venezuela y Libertad rechazaron la propuesta oficialista. El Nacional también señaló que algunas facciones opositoras votaron en contra al considerar que la ley vulnera derechos humanos y garantías constitucionales.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, defendió la vigencia de la ley y la calificó como imprescindible en el actual contexto político. De acuerdo con El Nacional, sostuvo que el chavismo busca que la reforma no sea usada para perseguir a nadie, aunque insistió en la necesidad de conservar una norma de convivencia.

El primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, explicó que la reforma busca eliminar las penas de prisión y reemplazarlas por multas y trabajo comunitario, además de establecer procedimientos administrativos para su aplicación. También contempla sanciones y exhortaciones administrativas a medios de comunicación, quitando expresamente la posibilidad de revocar concesiones, y prevé medidas sobre mensajes de odio en redes sociales, según publicó El Nacional.

Ambos medios coinciden en que el proyecto suprime las penas de cárcel y la facultad de retirar concesiones a medios, pero mantiene multas. El Pitazo precisó que esas sanciones irían de 500 a 10 mil veces la tasa más alta del Banco Central de Venezuela y que su aplicación quedaría en manos del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, encabezado por Diosdado Cabello.

Desde la oposición, la diputada Amelia Belisario, de la Fracción Libertad, cuestionó que el cambio de cárcel por multa no modifica el carácter coercitivo de la norma. Tanto El Pitazo como El Nacional recogieron sus críticas a que las sanciones queden bajo la órbita del Ministerio de Interior, al que vinculó con la mala aplicación de la ley y con denuncias por violaciones de derechos humanos.

El Pitazo agregó que el legislador opositor Antonio Ecarri, de Alianza Lápiz, afirmó que el proyecto no había sido distribuido a los parlamentarios y que solo se conocía una versión de la exposición de motivos.

La ley fue aprobada originalmente en 2017 y desde entonces ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, que la señalan como un instrumento de persecución contra la disidencia, según recordó El Pitazo. De acuerdo con datos de Foro Penal citados por ambos medios, al menos 927 personas fueron acusadas por incitación al odio desde la entrada en vigencia de la norma.

Fuentes

Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.

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