Miami
VENEZUELA El Nacional difunde una propuesta de reforma militar para una transición en Venezuela
El texto plantea despartidizar a la Fuerza Armada, retirarla de funciones civiles y reforzar su subordinación al poder civil. También menciona controles sobre ascensos, armamento y cooperación internacional.
El Nacional publicó un análisis sobre una eventual reforma militar en Venezuela de cara a una transición política, con eje en la despartidización de la Fuerza Armada y en el fin de su papel de cogobierno.
Según el texto, el problema central fue la incorporación de militares a tareas civiles, económicas y políticas, un proceso que, de acuerdo con esa lectura, alteró su función profesional y subordinó ascensos y mandos a criterios de confianza política. El análisis sostiene que la salida no pasa por reemplazar lealtades partidarias por otras nuevas, sino por restaurar la subordinación constitucional.
La publicación cita la Constitución venezolana, en particular los artículos 328 y 330, para sostener que la institución armada debe ser profesional, sin militancia política y al servicio exclusivo de la nación. En esa línea, propone separar la carrera militar de la propaganda y del proselitismo.
El texto también señala que la desprofesionalización no implica que todos los integrantes de la fuerza sean incompetentes o responsables por igual. A la vez, remarca la necesidad de investigar responsabilidades individuales por eventuales delitos y abusos.
En ese punto, menciona hallazgos atribuidos a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre detenciones arbitrarias y torturas vinculadas a la DGCIM, además de una advertencia de septiembre de 2026 sobre la continuidad del aparato represivo y prácticas degradantes en instalaciones militares. Según el análisis, esos elementos justifican controles y rendición de cuentas, aunque no sustituyen la determinación judicial de responsabilidades personales.
Entre las medidas sugeridas aparecen el retiro progresivo de militares activos y de retirados recientes de funciones civiles ajenas a su misión, la revisión de mandos y ascensos mediante expedientes individuales y criterios públicos, y la garantía de remuneraciones y pensiones legales sin inmunidad general por delitos.
La propuesta también plantea una revisión doctrinal para concentrar la defensa en fronteras, amenazas irregulares, narcotráfico, contrabando, ciberseguridad y protección territorial, marítima y aérea, además de cooperación con países vecinos. Al mismo tiempo, advierte que ampliar tareas militares dentro del país no debería derivar en una nueva militarización de la seguridad ciudadana.
Sobre un eventual escenario poschavista, el artículo menciona como hipótesis el riesgo de que estructuras armadas sobrevivan a la pérdida del gobierno. Frente a eso, propone inventariar y asegurar armamento, verificar cadenas de custodia, proteger depósitos y establecer mecanismos legales de desarme y reinserción.
En materia internacional, el análisis avala una cooperación con Estados Unidos y otros socios para modernizar capacidades, siempre bajo autoridad civil y supervisión legislativa. También señala que un funcionario del Departamento de Estado expresó expectativas de ampliar la cooperación de seguridad con Venezuela, aunque consideró lejanas las conversaciones serias sobre bases, por lo que descarta presentar esa posibilidad como un acuerdo cerrado.
Finalmente, el texto atribuye a María Corina Machado un rol central en una eventual hoja de ruta institucional. Entre las acciones que menciona figuran un mensaje de garantías para la oficialidad y la tropa que respeten la Constitución, una política de cero impunidad para delitos de lesa humanidad, y un esquema de reforma en tres etapas: los primeros 100 días, el primer año y el mediano plazo.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
