Argentina
El Gobierno giró a Diputados un proyecto para ampliar sanciones por la explotación de recursos en Malvinas
La iniciativa prevé penas de hasta 20 años de prisión para actividades no autorizadas y pide reemplazar el régimen vigente desde 2011. También propone crear un Sistema de Seguridad Nacional bajo conducción presidencial.
El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que endurece las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.
Según informó ElDiarioAR, la iniciativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo. El texto busca reemplazar la Ley 26.659, vigente desde 2011, que estaba centrada en actividades hidrocarburíferas, por un esquema más amplio que abarque recursos renovables y no renovables.
El proyecto establece multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de suspensión o cancelación de permisos e inhabilitaciones de entre cinco y 20 años. Para los casos de exploración o explotación de recursos no renovables, prevé penas de 12 a 20 años de prisión. Si se trata de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, la escala sube a entre 15 y 20 años, con multas de hasta el equivalente a tres millones de barriles de petróleo.
También quedarían alcanzados los proveedores de bienes o servicios esenciales que conozcan el destino de esas actividades. En esos casos, las penas previstas son de cinco a siete años de prisión. Las sociedades involucradas podrían enfrentar revocación de habilitaciones, suspensión de actividades por hasta 30 años, imposibilidad de contratar con el Estado y, en determinados supuestos, disolución o liquidación.
De acuerdo con Infobae, la iniciativa además contempla que las empresas sancionadas no puedan desarrollar actividades económicas en el país durante la vigencia de la inhabilitación y que pierdan permisos, beneficios estatales y contratos con ejecución total o parcial en territorio argentino. El mismo medio señaló que se prevé un plazo de cese de entre 30 y 180 días, prorrogable según la situación de trabajadores, acreedores o terceros de buena fe.
El proyecto incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen esas actividades y cumplan condiciones económicas o de inversión en la Argentina.
En paralelo, la propuesta crea un Sistema de Seguridad Nacional articulado por un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, con funciones de coordinación en materia diplomática, económica, jurídica, cibernética, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas. ElDiarioAR indicó además que el texto regula procedimientos ante aeronaves consideradas hostiles y habilita distintas medidas frente a buques, desde advertencias y maniobras de interposición hasta disparos de advertencia e inutilización, mientras que el hundimiento quedaría reservado como medida militar excepcional con autorización presidencial.
Tras el envío del proyecto, Milei pidió en un comunicado su tratamiento prioritario en el Congreso.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
