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El Gobierno colombiano cerró nueve mesas de diálogo y endureció su postura frente a grupos armados
La administración de Abelardo De La Espriella aseguró que no abrirá conversaciones con estructuras que sigan delinquiendo. Según un comunicado oficial, las alternativas serán el sometimiento a la ley o la acción de las autoridades.
El Gobierno de Colombia dio por terminados nueve espacios de diálogo, conversaciones sociojurídicas y zonas de ubicación temporal que habían sido creados por la administración anterior, y advirtió que no mantendrá contactos con grupos armados o estructuras criminales que continúen cometiendo delitos.
Según publicó El Tiempo Colombia, el pronunciamiento oficial fue difundido este 14 de septiembre. Allí, Miller Soto, vocero del Ejecutivo, afirmó que para el presidente Abelardo De La Espriella no habrá más instancias de diálogo que, de acuerdo con la posición oficial, sirvan para ganar tiempo, fortalecer organizaciones criminales o eludir la justicia.
De acuerdo con la Presidencia de la República, el cierre de esos espacios representa un cambio de fondo en la política de seguridad y paz. El Gobierno sostuvo además que en los últimos cuatro años esos acercamientos fueron aprovechados por los grupos para expandirse en el territorio, aumentar sus acciones contra la Fuerza Pública y la población civil, y desafiar a la justicia.
Siempre según la información oficial citada por El Tiempo Colombia, el Ejecutivo señaló también un gasto estatal heredado superior a 7 mil millones de pesos solo en honorarios de voceros y negociadores, además de otros costos de protección y logística.
El comunicado indicó que, desde el 7 de agosto de 2026, quedaron finalizados los procesos con el Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Frente Comuneros del Sur. A eso se suman las conversaciones con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y con bandas de alto impacto en Medellín, el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.
La administración de De La Espriella afirmó que no negociará con estructuras que sigan apelando a la violencia, el narcotráfico y la extorsión, y remarcó que sus prioridades serán la protección de la población civil, el respaldo a la fuerza pública y la defensa de la institucionalidad.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
