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ESPAÑA El debate sobre el aborto en España cruza la campaña entre propuestas de blindaje y posibles restricciones
La discusión electoral no incluye una eliminación explícita del derecho, pero sí abre la puerta a cambios en su alcance. La izquierda plantea incorporarlo a la Constitución, mientras el PP propone que las menores de 16 y 17 años informen a sus padres.
La campaña electoral en España reabrió la discusión sobre el aborto, con posiciones que van desde la intención de reforzarlo en la Constitución hasta eventuales recortes para las menores de edad. Según informó El País, ninguno de los principales partidos plantea de manera explícita eliminar ese derecho, aunque sí aparecen diferencias sobre su alcance y sus garantías efectivas.
De acuerdo con ese medio, el PSOE y Frente Amplio buscan darle rango constitucional. En el otro extremo, Vox moderó la formulación pública de su rechazo al aborto: dejó de plantear de forma directa la derogación de la ley de plazos y el veto en la sanidad pública, y pasó a una defensa general del “derecho a la vida”. Santiago Abascal evitó definiciones tajantes en una entrevista reciente y admitió que sus posturas no son mayoritarias en la sociedad, siempre según El País.
El PP, por su parte, no menciona el aborto en su programa, aunque sí utiliza la expresión “concebido no nacido”. Alberto Núñez Feijóo sostiene una modificación para que las adolescentes de 16 y 17 años que quieran interrumpir un embarazo deban comunicarlo a sus padres. En esta campaña, habla de notificación y no de consentimiento, pero no precisó qué ocurriría si la familia se opusiera, señaló El País.
La legislación vigente permite abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación y, desde la reforma de 2023, volvió a habilitar a las mayores de 16 años a hacerlo sin consentimiento paterno. Esa misma modificación también eliminó el plazo obligatorio de reflexión de tres días y la información previa obligatoria.
Según el medio español, uno de los principales problemas no pasa tanto por la existencia formal del derecho como por su acceso desigual. La norma prevé que la interrupción del embarazo pueda realizarse en centros públicos o concertados, pero solo una de cada cinco se hace en hospitales públicos. Las dificultades aparecen sobre todo en los casos más complejos, cuando las clínicas privadas no siempre están preparadas para intervenir.
El País citó el caso de una mujer en Valladolid que debió trasladarse a otra provincia porque en la suya no se practicaban abortos en hospitales públicos por objeción de conciencia. El diario también indicó que en una docena de provincias, además de Ceuta y Melilla, no se habían realizado interrupciones en los últimos años, aunque Ceuta empezó a hacerlo este año.
Para corregir esas situaciones, la reforma de 2023 impulsó registros de objetores de conciencia. La mayoría de las comunidades autónomas los puso en marcha, mientras que Madrid se negó y el Ministerio de Sanidad llevó el caso a los tribunales, según El País.
El medio también repasó decisiones de gobiernos autonómicos del PP y Vox que, hasta ahora, tuvieron más peso simbólico que efectos concretos sobre el derecho. Entre ellas, mencionó el protocolo anunciado en Castilla y León en 2023 para ofrecer atención psicológica y escucha del latido fetal a mujeres que manifestaran intención de abortar, una medida que finalmente no se aplicó. También señaló que en Andalucía y Madrid hubo financiamiento público a organizaciones contrarias al aborto, como Red Madre, a través de programas para embarazadas en situación de vulnerabilidad.
En Madrid, además, fue aprobada una ley que reconoce al “concebido no nacido” como integrante de la unidad familiar. Según El País, la medida está vinculada a ayudas y becas, pero sectores que defienden el derecho al aborto advierten que ese tipo de reconocimiento puede servir como antecedente para futuras restricciones.
Frente a ese escenario, la propuesta de la izquierda de incorporar el aborto a la Constitución aparece, por ahora, como una aspiración sin viabilidad parlamentaria inmediata, ya que no cuenta con los apoyos necesarios para reformar la Carta Magna, concluyó El País.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.





