Argentina
La oposición busca reabrir en Diputados el debate por la derogación de la Ley de Tierras
El fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto una sentencia contra el artículo 154 del DNU 70/2023 generó cuestionamientos de legisladores opositores, del CECIM y de Axel Kicillof. El tribunal sostuvo que no resolvió sobre la constitucionalidad de la norma, sino sobre la legitimación para impulsar la demanda.
La resolución de la Corte Suprema sobre la derogación de la Ley de Tierras reactivó el reclamo opositor para que la Cámara de Diputados vuelva a tratar el DNU 70/2023. El tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto firmado por Javier Milei, que eliminó la vigencia de la Ley 26.737.
Según surge de las distintas publicaciones, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti basaron su decisión en una cuestión procesal: entendieron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata no tenía legitimación para promover una acción colectiva y que, por eso, no había un caso judicial habilitante. La Corte además aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154.
Con ese fallo volvió a quedar operativo el esquema dispuesto por el Gobierno nacional. La Ley 26.737, sancionada en 2011, fijaba límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Entre ellos, establecía un tope del 15% a nivel nacional, provincial y municipal.
Tras conocerse la decisión, dirigentes opositores reclamaron que el Congreso retome la discusión. Esteban Paulón pidió una sesión especial en Diputados para tratar el DNU 70/2023 y cuestionó con dureza la resolución. También Nicolás del Caño y Myriam Bregman plantearon que el tema debe volver al ámbito legislativo. En el Senado, Juliana Di Tullio vinculó el fallo con el debate sobre la soberanía territorial.
Axel Kicillof también se pronunció contra la decisión. Sostuvo que el Gobierno no consiguió en el Congreso los apoyos para avanzar con cambios sobre la ley y afirmó que ahora intenta obtener ese resultado a través del Poder Judicial. Según publicó El Destape, el gobernador definió la resolución como “el fallo de la infamia” y dijo que es “gravísima” porque afecta “la soberanía nacional y la voluntad popular”.
El CECIM, que había impulsado la demanda original, rechazó públicamente el criterio del máximo tribunal. De acuerdo con El Destape, la organización cuestionó que se negara la posibilidad de acudir a la Justicia en defensa de la soberanía y sostuvo que la Corte no analizó de fondo el planteo jurídico.
Infobae agregó que el constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó el argumento de la Corte y advirtió que, tras la derogación, quedaron sin efecto los límites específicos para la compra de tierras rurales por parte de personas, empresas y Estados extranjeros. También sostuvo que el criterio fijado por el tribunal dificulta que vuelva a judicializarse el caso por otra vía.
El conflicto, de todos modos, sigue abierto en el plano político. Semanas atrás, el Gobierno había retirado del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo referido a tierras ante la falta de respaldo suficiente en el Senado. Ahora, la oposición intenta reunir votos en Diputados para volver a discutir el decreto.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
