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Argentina

El debate por el régimen penal juvenil reaviva la discusión sobre cómo actuar ante menores que delinquen

Un editorial de El Telégrafo tomó como punto de partida la suspensión judicial del nuevo esquema en Buenos Aires y planteó la tensión entre la rehabilitación de los adolescentes y la necesidad de dar una respuesta inmediata a la seguridad.

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El debate sobre la delincuencia juvenil volvió a cobrar fuerza en Argentina tras la decisión de una jueza de frenar por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. Según recordó El Telégrafo, la magistrada Marta Elba Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo al considerar que la provincia no dispone de infraestructura, centros especializados, profesionales ni recursos suficientes para implementar la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei.

De acuerdo con ese medio, Pascual se definió como garantista, sostuvo que le parece “pésimo” el encierro de menores y, al mismo tiempo, aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a 14 años ni busca “romantizar” a adolescentes armados que delinquen.

Sobre ese trasfondo, El Telégrafo señaló que la discusión no debería limitarse a una oposición entre encierro y no encierro, sino centrarse en qué medidas permiten proteger a la sociedad y, a la vez, ofrecer a los menores una posibilidad real de cambio. En esa línea, planteó que el encierro por sí solo no garantiza rehabilitación, pero puede funcionar como una medida de contención frente a quienes representan un peligro inmediato.

El medio también destacó el componente político del conflicto. Mientras desde el oficialismo nacional se cuestiona a la administración bonaerense por su postura frente al delito juvenil, desde La Plata se responde que una transformación de ese alcance exige juzgados, fiscalías, lugares de reclusión, personal especializado e inversión.

En paralelo, el editorial extendió la discusión a Uruguay y advirtió que el problema también se agrava allí. Según sostuvo, una política seria sobre delincuencia juvenil debería actuar en dos planos: en el corto plazo, contener a quienes hoy representan una amenaza, y en el largo plazo, intervenir desde la infancia con políticas vinculadas a la familia, la educación, la salud mental, la prevención de adicciones y la formación.

Para El Telégrafo, el desafío está en no postergar respuestas concretas mientras se espera una solución integral. Su planteo es que la protección de potenciales víctimas y la recuperación de adolescentes infractores no deberían ser objetivos contrapuestos.

Fuentes

Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.

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