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El Senado convirtió en ley un nuevo régimen de discapacidad con apoyo unánime

La Cámara alta aprobó por 71 votos un texto que reemplaza el esquema de emergencia que vencía a fin de año. La norma mantiene prestaciones, actualización por inflación y compatibilidad entre pensión y empleo formal.

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Ilustración: El Senado convirtió en ley un nuevo régimen de discapacidad con apoyo unánime
Ilustración generada con IA · El Notero

El Senado sancionó una nueva ley de discapacidad con 71 votos afirmativos y sin rechazos, en una sesión que dejó aprobado un régimen permanente para reemplazar la emergencia vigente hasta el 31 de diciembre, según coincidieron Infobae, Perfil y BAE Negocios.

La norma ratifica la pensión no contributiva, su actualización por inflación y la continuidad del Certificado Único de Discapacidad como vía principal de acceso al beneficio. También sostiene el nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado, de acuerdo con Infobae.

Además, el texto mantiene la posibilidad de que una persona con CUD conserve la pensión si tiene empleo registrado o está inscripta en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles, tal como señalaron Infobae y BAE Negocios.

Durante el debate, el senador oficialista Agustín Monteverde sostuvo, citado por Infobae, que una salida de la emergencia requiere reglas estables y previsibilidad. Desde la oposición, Alicia Kirchner planteó su preocupación por la ejecución a través de oficinas de la ANSeS y advirtió sobre limitaciones operativas.

La ley también incorpora mecanismos de control. Según Infobae, la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías periódicas mediante cruces de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con posibilidad de suspender preventivamente beneficios bajo un procedimiento que contempla notificación y rehabilitación provisoria.

En materia presupuestaria, hubo distintas referencias sobre el impacto fiscal. Infobae consignó que Guillermo Andrada mencionó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de $600.000 millones para este año, mientras que Monteverde habló de 1,2 billones de pesos para 2027. BAE Negocios, en cambio, publicó que la OPC calculó un costo fiscal de $598.912 millones en 2027.

Otro punto incluido fija que, si hubiera deudas con prestadores al momento de la sanción, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar esas obligaciones dentro de los 90 días, según Infobae.

Tras la aprobación legislativa, resta la reglamentación del Ejecutivo. Infobae señaló además que el Gobierno conserva la potestad de aplicar vetos parciales o totales.

Fuentes

Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.

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