Miami
El chavismo analiza reformar la ley contra el odio con criterios internacionales
Jorge Arreaza dijo que la revisión apunta a incorporar parámetros del Plan de Acción de Rabat y a evitar nuevos abusos en su aplicación. También se estudia quitar las penas de cárcel y cambiar el nombre de la norma.
El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, estudia una reforma de la ley contra el odio con la intención de incorporar estándares internacionales para evaluar si un mensaje constituye incitación, según explicó el diputado oficialista Jorge Arreaza, de acuerdo con Efecto Cocuyo.
Arreaza, que integra la comisión a cargo de la reforma, señaló que se analiza sumar los seis criterios del Plan de Acción de Rabat: el contexto, la categoría del emisor, la intención, el contenido, la extensión y la probabilidad de causar daño.
Según Efecto Cocuyo, el ex canciller afirmó además que se busca capacitar a quienes apliquen la norma para que no se repitan “excesos y abusos” cometidos con la legislación vigente.
El dirigente oficialista sostuvo que la modificación sería profunda e incluiría la eliminación de los artículos que fijan penas de prisión. En su lugar, se evalúan otras sanciones, entre ellas disculpas públicas. También indicó que se quitaría la palabra “odio” del título de la ley, por considerarla difícil de definir.
La norma actual prevé condenas de 10 a 20 años de cárcel para quien promueva o incite públicamente al odio, la discriminación o la violencia.
La reforma fue impulsada en septiembre, cuando Delcy Rodríguez pidió revisar la ley y admitió que fue mal aplicada y usada de forma abusiva. La norma había sido promovida durante el gobierno de Nicolás Maduro.
Efecto Cocuyo recordó que organizaciones y sectores de la oposición consideran esta legislación parte de un esquema represivo utilizado contra periodistas, defensores de derechos humanos y voces críticas del chavismo.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa cuestionó esta semana que el proyecto contemple multas que, según ese gremio, podrían afectar a periodistas y medios, además de trabajos comunitarios y programas educativos. Por su parte, la ONG Foro Penal difundió en septiembre que al menos 927 personas fueron acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación de la ley en 2017.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
