Uruguay
La Asamblea General aprobó la resolución del Frente Amplio sobre el caso Cardama tras la salida de Cabildo Abierto
El oficialismo consiguió mayoría en sala luego de que los legisladores cabildantes se retiraran de la sesión. El texto votado dispone remitir actuaciones e informe a la Fiscalía por presuntos hechos con apariencia delictiva.
La Asamblea General trató este miércoles la investigación parlamentaria sobre el caso Cardama y aprobó el proyecto de resolución presentado por el Frente Amplio, informó Subrayado. La iniciativa obtuvo mayoría luego de que los legisladores de Cabildo Abierto se retiraran de sala.
Según ese medio, en la sesión se presentaron cuatro proyectos: uno del Frente Amplio, otro de los partidos de la coalición, uno de Cabildo Abierto y otro de Identidad Soberana.
Cabildo Abierto argumentó su salida en que el informe elaborado por su partido no incluía la información confidencial enviada al Parlamento por el Ministerio de Defensa, ya que entendía que no había garantías de que esos datos no se filtraran. En ese marco, resolvió no intervenir en la votación de los demás informes.
De acuerdo con Subrayado, la decisión fue cuestionada por la coalición. El diputado colorado Adrián Juri solicitó un cuarto intermedio para ir a buscar a los legisladores cabildantes y reclamó que regresaran a votar, pero su pedido fue rechazado.
El proyecto aprobado establece que la documentación reunida por la comisión especial sea remitida a la Fiscalía Letrada Penal de Delitos Económicos y Complejos. También dispone enviar a la Fiscalía General de la Nación el informe en mayoría de la comisión que investigó y analizó el proceso de adquisición de patrulleros oceánicos, para poner en conocimiento hechos y actos con apariencia delictiva y solicitar la investigación de eventuales responsabilidades penales de funcionarios públicos y particulares, nacionales y extranjeros.
Durante la sesión, el senador oficialista Nicolás Viera afirmó, según Subrayado, que Cardama fue el único que no contribuyó al trabajo de la comisión investigadora. También sostuvo que el Parlamento debe rendir cuentas sobre quienes, desde el Poder Ejecutivo, comprometieron el patrimonio de los uruguayos.
Por su parte, el senador Javier García, exministro de Defensa del gobierno anterior, afirmó que la rescisión del contrato responde a una intencionalidad política y electoral para dañar al gobierno de la Coalición Republicana, al presidente de la República y a quienes tuvieron responsabilidades de gobierno, consignó Subrayado.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
