Uruguay
La Asamblea General uruguaya debate cuatro informes sobre la compra de patrullas a Cardama
El oficialismo y la oposición llegarán a la sesión con dictámenes separados y sin una mayoría clara para imponer una resolución. Todos coinciden en que la documentación sea enviada a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos.
La Asamblea General tratará este miércoles desde las 14.30 los informes elaborados por la comisión especial que investigó durante casi ocho meses la adquisición de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama, según informó la diaria.
De acuerdo con ese medio, hay cuatro dictámenes: uno de la Coalición Republicana, otro del Frente Amplio, uno de Cabildo Abierto y otro de Identidad Soberana. En la previa, ninguno reúne los votos necesarios para ser aprobado y no aparece una fórmula de acuerdo entre bloques. El Frente Amplio tiene 65 votos sobre 130 en la Asamblea General, la Coalición Republicana suma 61, y Cabildo Abierto e Identidad Soberana cuentan con dos cada uno.
Los miembros informantes serán Joaquín Garlo por el Frente Amplio, Gabriel Gianoli por la Coalición Republicana, Álvaro Perrone por Cabildo Abierto y Gustavo Salle por Identidad Soberana. Tras la presentación de los informes, el Frente Amplio y la Coalición Republicana dispondrán de dos bloques de dos horas para ampliar sus posiciones.
Según la diaria, los informes del Frente Amplio y la Coalición Republicana coinciden en que hubo irregularidades, pero difieren sobre el momento en que ocurrieron y sobre las responsabilidades. El Frente Amplio sostuvo que durante la compra y la constitución de las garantías hubo hechos de apariencia delictiva y apuntó a responsabilidades políticas del gobierno anterior. En esa línea, Garlo planteó al medio que un cierre adecuado sería que toda la documentación reunida por la comisión quede en manos de la Fiscalía para que investigue en profundidad los hechos en el plano penal.
El senador frenteamplista Eduardo Brenta dijo a la diaria que la intención de su bancada es remitir al fiscal toda la información aportada en la comisión por Presidencia, el Ministerio de Defensa y quienes participaron del proceso. Garlo agregó que la contratación con Cardama careció de varios respaldos administrativos, que hubo debilidad en los controles del gobierno anterior y que eso derivó en la presentación de una garantía falsa. También afirmó que la empresa incumplió de manera sistemática sus obligaciones y actuó de mala fe en el trámite de las garantías.
En el dictamen del Frente Amplio, siempre según la diaria, se identifica al astillero español como principal responsable de las maniobras, aunque se añade que el fraude y el daño al patrimonio público no habrían sido posibles sin la intervención u omisiones de funcionarios públicos. A la vez, el sector destacó que la actuación del actual gobierno permitió detectar esas maniobras.
La Coalición Republicana, en cambio, sostiene que del trabajo de la comisión no surge ningún indicio irregular de funcionarios públicos en el proceso de adquisición de las patrullas. Gianoli dijo a la diaria que esperan que la Asamblea refleje lo ocurrido en la comisión, donde, según su visión, no se plantearon actos de corrupción, coimas, favorecimiento de empresas ni irregularidades de jerarcas políticos.
Ese bloque también denunció una operación política del actual gobierno para encontrar una vía de salida del contrato con Cardama. En ese marco, señaló como una de las irregularidades institucionales más graves la actuación de personas sin designación formal ni respaldo jurídico ejerciendo funciones del ministerio, en referencia a los asesores de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, Daniel Marsiglia y Damián Rojas. La Coalición Republicana presentó además una denuncia penal contra Lazo por abuso innominado de funciones.
Los cuatro informes incluyen el pedido de envío de lo actuado a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, en respuesta a un oficio del fiscal Gilberto Rodríguez. Para Cabildo Abierto, uno de los puntos centrales del trabajo fue que, según su dictamen, todos los responsables admitieron que las garantías de fiel cumplimiento del contrato eran falsas. También señaló que la Armada reconoció limitaciones para elegir un astillero y para profundizar en las estructuras económicas de los proveedores. Por ahora, ese partido prevé acompañar únicamente su propio informe, indicó la diaria.
Identidad Soberana, por su parte, considera que si el contrato tenía falsificaciones, entonces se trata de un instrumento del delito y por lo tanto es nulo. Salle afirmó a la diaria que hubo responsabilidad de ambas administraciones y sostuvo que su bancada acompañará solo su propia moción, aunque dará quorum en las votaciones.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
