Argentina
Diputados de Unión por la Patria presentaron proyectos contra la ciudadanía por inversión
La oposición peronista avanzó con iniciativas para derogar o prohibir el esquema impulsado por el Gobierno. Cuestionan su encuadre constitucional y advierten sobre un posible conflicto de intereses.
El programa de ciudadanía por inversión que impulsa el gobierno de Javier Milei ya generó una primera reacción en la Cámara de Diputados, donde legisladores de Unión por la Patria presentaron proyectos para frenar o revertir la medida.
Según se informó oficialmente, el esquema permitiría a extranjeros solicitar la nacionalidad argentina a cambio de un aporte de entre u$s 350.000 y u$s 800.000. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la gira Argentina Week en París. Allí detalló dos vías de acceso: un aporte directo y no reembolsable al Tesoro por u$s 350.000 o la compra de un título público específico por u$s 800.000.
La iniciativa se apoya en el DNU 366 de 2025, que modificó la interpretación y los requisitos de la Ley de Ciudadanía 346 para exceptuar del plazo mínimo de dos años de residencia previa a quienes acrediten una “inversión relevante” en el país. El programa, de acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, comenzará a recibir solicitudes este trimestre a través de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con auditorías coordinadas con la UIF, la SIDE y los ministerios de Seguridad e Interior.
Uno de los proyectos opositores fue impulsado por Agustín Rossi. La propuesta plantea prohibir el otorgamiento de la ciudadanía a cambio de pagos, aportes, donaciones, inversiones o compra de bienes y títulos, además de derogar los cambios introducidos por el DNU. También establece que ninguna inversión podrá ser considerada causal de naturalización ni alterar el plazo de residencia previsto en el artículo 20 de la Constitución.
Otra iniciativa fue presentada por Florencia Carignano y Paula Penacca. Ese texto propone derogar las modificaciones introducidas por el Gobierno y sostiene que la ciudadanía no debe quedar sujeta a la capacidad patrimonial de quien la solicita. Las diputadas argumentan que la promoción de inversiones puede canalizarse por otras herramientas ya existentes.
Entre los cuestionamientos también aparecen objeciones por una posible inconstitucionalidad. Rossi sostuvo en los fundamentos de su proyecto que el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional atribuye al Congreso la facultad de legislar sobre naturalización y nacionalidad. Al mismo tiempo, el oficialismo podría apoyarse en la parte del artículo 20 que permite acortar el plazo de residencia para quien alegue y pruebe servicios a la República.
Además, iProfesional consignó que durante el debate en comisiones sobre “Defensa de la Soberanía”, Carignano denunció que “un estudio británico con turbios antecedentes está detrás de la venta de ciudadanía por 350 mil dólares”. En la misma línea, el exembajador Diego Guelar afirmó en su cuenta de X que la firma inglesa Henley & Partners asesoró al Gobierno argentino en este programa y comenzó a promocionarlo al día siguiente del anuncio.
Fuentes
Sobre esta nota. Redactada por El Notero con asistencia de inteligencia artificial, a partir de lo publicado por el medio citado. El Notero no hizo reporteo propio sobre este hecho.
